Texto: Tatiana Maillard/ Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 5 de abril de 2018. A una semana de que un centenar de trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes se reunieran con autoridades de éste por el atraso de tres meses en sus pagos, y les entregaran un pliego petitorio de siete puntos, este miércoles se realizó el segundo encuentro ambas partes para analizar las condiciones de quienes fueron contratados mediante el capítulo 3000 de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la cual los reconoce únicamente como “prestadores de servicios”.
La directora del INBA, Lidia Camacho, no acudió a la cita, a pesar de que los inconformes habían solicitado su presencia en el auditorio del Museo Rufino Tamayo. En cambio, al igual que la semana pasada, estuvieron presentes el director de Asuntos Jurídicos, Héctor Domínguez; el director de Personal, Héctor Vargas, y el subdirector general de Administración, Octavio Salazar; los tres, acompañados por Sergio Carreón, de la Compañía Nacional de Teatro, y Norma Kim, directora de Recursos Materiales.
De los siete puntos presentados por los integrantes del capítulo 3000, únicamente dos tuvieron una respuesta positiva: la entrega de un calendario de pagos y el compromiso de reducir los tiempos de los mismos. Los funcionaros también afirmaron que no hostigarán a los participantes en el movimiento que reclama las retribuciones en tiempo y forma. Eso es todo a lo que podrán aspirar los “prestadores de servicios” del capítulo 3000.
Octavio Salazar les dijo que el INBA reconoce, aprecia y valora su trabajo. Sin embargo, aseguró, es imposible que cuenten con las prestaciones mínimas de ley, como acceso a servicios de salud, aguinaldo o una mejor posición laboral. También negó que existiera la posibilidad de revisar sus salarios o de crear un fondo anual de aportación del 50 por ciento INBA y 50 por ciento trabajador.
El director de Asuntos Jurídicos y el director de Personal respaldaron las palabras de Salazar. Durante el diálogo que sostuvieron con los trabajadores, durante poco más de una hora, los funcionarios repitieron que, para que los inconformes pudieran acceder a prestaciones mínimas, tendrían que contar con una plaza, acción que no está prevista en el Presupuesto de Egresos federal. Y no se pueden revisar sus salarios porque éstos también dependen del presupuesto. Finalmente, sobre la propuesta de un fondo anual de aportación, Salazar descartó: “eso no existe y ni siquiera podemos considerarlo”.
A pesar de ello, Salazar insistió en que “hay que ser creativos para buscar esquemas que les permitan crecer dentro del instituto, y no sientan que están estancados por ser capítulo 3000”.
En esta reunión se designó a tres representantes de los trabajadores, quienes constantemente preguntaron a los directivos: “Si ustedes no pueden actuar para que seamos afiliados a un sistema de salud y tengamos garantías mínimas, ¿a quién debemos acudir?”. La respuesta nunca llegó.
Se repitió una y otra vez que el INBA está incapacitado para ofrecerles prestaciones mínimas previstas en la Ley Federal del Trabajo, puesto que ni siquiera fueron contratados bajo esa ley, sino a través de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
“No hay dinero”, resumió Héctor Domínguez. “Es duro decirlo. Sabemos que buscan esta reunión para obtener otras condiciones de trabajo. Pero nosotros no somos los que podemos resolver eso”.
Uno de los representantes del capítulo 3000 solicitó a los funcionarios que buscaran la manera de manifestar la necesidad de mejores condiciones laborales a las autoridades responsables: la Secretaría de Hacienda o el Congreso de la Unión.
Luego de recordar que desde la semana pasada había advertido que había cosas que podían hacerse y otras que no, y que su facultad administrativa termina el 31 de diciembre, Alfredo Vargas fue tajante: “Prometer un cambio sería mentir”.
Los “sí”, en medio de muchos “no”
Las autoridades del INBA entregaron un calendario que establece los días 20 de cada mes para efectuar el pago. Sin embargo, los trabajadores expresaron que esta medida representa inconvenientes que los llevan a endeudarse y adquirir intereses moratorios, o bien, vivir de prestado.
Ante esto, los funcionarios presentes se comprometieron a pagar antes del 20, que es la fecha que estipula la ley bajo la cual están contratados.
También se comprometieron a adelantar dos meses la firma de los Convenios Modificatorios al Contrato de Prestación de Servicios, para pasarlos de enero a noviembre, y de esta manera lograr el pago puntual de los servicios desde el primer mes del año.
Con respecto al prorrateo de los pagos de marzo, Salazar expresó que podrían revisarse algunos casos y evitar que se ejerza esta práctica “si es conveniente”. Los trabajadores respondieron que, más que “conveniente”, tendrían que considerar prudente evitar que el pago de marzo se divida en los meses que restan de 2018.
Finalmente, una de las propuestas hechas al aire por Salazar fue la creación de un servicio telefónico donde los trabajadores consulten directamente el tema de sus pagos.
