Texto y foto: EFE
Washington, DC, 27 de marzo de 2018. La decisión de la administración de Donald Trump de incluir en el censo de 2020 una pregunta sobre la nacionalidad del encuestado ha desencadenado una gran controversia en Estados Unidos, donde dos estados demócratas, California y Nueva York, han anunciado ya acciones en los tribunales contra ella.
En el centro de todo está de nuevo el tema migratorio, en el que Trump y su Gobierno aplican tanta mano dura como les permiten el Congreso y los tribunales.
El Departamento de Comercio, del que depende el cuestionario, anunció a última hora del lunes su decisión de incluir en la encuesta del censo para 2020 la pregunta de si el encuestado es ciudadano o no.
Es algo que se preguntó durante cien años, entre 1820 y 1950, pero que desde esa última fecha no se ha vuelto a inquirir.
El Departamento de Comercio justica su decisión en una forma de “contribuir a reforzar” el derecho de voto de las minorías. Así se sabrá, argumenta, cuántas personas tienen la nacionalidad estadounidense y con ella derecho a voto, argumenta.
“Reducirá la participación (en el censo)”, manifestó hoy Michelle Lujan Grisham, la presidenta del Caucus Hispano del Congreso, un grupo de presión integrado por legisladores de origen latino que trabaja para que en Capitol Hill se tengan en cuenta los intereses de la que es ya la minoría más grande del país. “Es otra acción más de la administración Trump para infundir miedo en nuestras comunidades y profundizar su agenda antiinmigrante”.
La sospecha es que, con Trump en la Casa Blanca haciendo bandera de su promesa de deportar a los sin papeles, estos no participen en la realización del nuevo censo por miedo a que revelar su estatus migratorio se vuelva en su contra.
Y si no participan, la población de los estados en los que viven será a efectos oficiales menor de la real. La distribución de fondos federales a las comunidades locales se hace en base al censo.
Los demócratas aseguran por ello que todo esto se traducirá en un impacto en la financiación y desarrollo de políticas sociales -entre ellas relativas a la salud o la seguridad alimenticia-, que en Estados Unidos quedan ya de por sí lejos de los estándares europeos. También impactará en el desarrollo de servicios como el transporte y la educación, argumentan. Pero las consecuencias pueden ir más allá.
La población de Estados Unidos se mide cada diez años en el censo, que se realiza por correo y también lo hacen trabajadores que acuden a los domicilios con el cuestionario. La Constitución estadounidense establece que se use para fijar el número de asientos que cada estado tiene en la Cámara de Representantes.
La Casa Blanca “apoya” la inclusión de la pregunta, dijo hoy su portavoz, Sarah Sanders, que aseguró no obstante que la decisión se tomó “a nivel departamental”.
Varios legisladores del Partido Demócrata presentaron este martes en el Capitolio propuestas de ley para tratar de frenar al Gobierno de Trump en la introducción de la pregunta. Y California y Nueva York, los dos estados con mayor población inmigrante y ambos en manos demócratas, anticiparon acciones en los tribunales.
El estado de la costa oeste acudió de hecho ya a ellos. La pregunta es “inconstitucional”, dijo el fiscal general californiano, Xavier Becerra, quien demandó a Trump, argumentando que puede intimidar a los inmigrantes a no responder la encuesta.
