Bini fue detenido en Ecuador poco después de que el Gobierno del país andino entregara a Assange a las autoridades británicas después de siete años encerrado en la Embajada ecuatoriana en Londres. En concreto fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito cuando se disponía a viajar a Japón. Tras el arresto, fue interrogado y el juez ordenó inmovilizar sus cuentas bancarias.
La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, ha explicado que Bini residía desde hace cinco años en Ecuador y que tenía vínculos con Wikileaks. Además, ha señalado dos desplazamientos internacionales de Bini hacia Perú y España que coinciden con viajes del exministro de Exteriores Ricardo Patiño, quien otorgó el asilo a Assange.
Romo ha indicado que su último desplazamiento fue hacia Venezuela hace un mes y medio. “Si se ha cometido algún delito, que la justicia lo determine, lo examine, pero no podemos permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería o espionaje”, ha apuntado en declaraciones recogidas por el diario ‘El Comercio’.
Según Romo, Bini y otros dos ‘hackers’ rusos habrían participado en actos de desestabilización en coordinación con funcionarios del “régimen anterior”.
Patiño, sin embargo, ha rechazado estas acusaciones y ha denunciado una persecución en su contra, ya que “no conoce” al sueco. Bini es un conocido programador, defensor del software libre y de la privacidad en internet.
Londres, Reino Unido, 14 de abril de 2019. Más de 70 diputados de distintos partidos británicos han remitido una carta al ministro del Interior, Sajid Javid, para que priorice cualquier proceso de extradición a Suecia relacionado con las acusaciones de violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, por delante de las peticiones de Estados Unidos, que también ha pedido su entrega.
La misiva, remitida además a la portavoz de Interior de la oposición laborista, Diane Abbott, señala que “no presumimos su culpabilidad, por supuesto, pero creemos que debe seguirse el debido proceso y que la reclamación (sueca) debe ser procesada en primer lugar”.
El fundador de Wikileaks entró en la Embajada ecuatoriana en Londres en 20012 para evitar su extradición a Suecia y siempre ha mantenido su inocencia. Una de las dos causas que motivaron la petición de extradición está ya extinta, pero la otra está vigente solo hasta agosto de 2020, fecha en la que prescribiría si no se abre un proceso judicial.
La Fiscalía británica ha aclarado ya que ante la existencia de dos peticiones de extradición de distintos países sobre la misma persona, es el ministro del Interior quien decide cuál aplica teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, la fecha de las solicitudes y los lugares en los que se cometieron los delitos.
Esta situación es ahora más pertinente que nunca, ya que el pasado 11 de abril el Gobierno de Ecuador retiró su protección a Assange y fue detenido por las autoridades británicas y condenado de inmediato por incumplir los términos de su libertad condicional.
Sin embargo, el Gobierno británico mencionó tras el arresto únicamente la petición de extradición estadounidense, relacionada con su actividad como activista y fundador de Wikileaks, lo que hizo saltar las alarmas y puso el foco en el presunto delito sexual del que se le acusa en Suecia.
La abogada de la mujer sueca que denunció a Assange, Elisabeth Massi Fritz, ha subrayado que la detención de Assange les ha sorprendido y ha instado a la Policía sueca a reabrir la investigación.
Por otra parte, los abogados de Assange han explicado que Estados Unidos tiene un plazo de 65 días para plantear un pliego de cargos concreto que podría ampliar el listado de delitos que se le imputan.
Así, han afirmado que irán a la batalla judicial hasta sus últimas consecuencias para evitar la extradición porque este caso supone “un precedente peligroso por el que cualquier periodista podría ser acusado en Estados Unidos por publicar información veraz sobre Estados Unidos”, ha apuntado la abogada Jennifer Robinson.
