El escándalo mayúsculo fue este mes el de los “tráileres de la muerte”: vehículos que hacían deambular por diversas rutas de Jalisco 322 cuerpos de desconocidos; tal escándalo opacó el previo, el del hallazgo de varias narcofosas en Veracruz donde había centenares más de cadáveres. Pero esa acumulación masiva de restos humanos no identificados viene de lejos, desde que Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico que ha dado como resultado, entre otras cosas, la matanza de 72 migrantes en San Fernando, una fosa encontrada un año después en el mismo lugar; 35 cuerpos hallados en La Barca, Jalisco; 49 mutilados en Cadereyta, Nuevo León…
Texto: Marcela Turati / Agencia Proceso
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. La noticia se abrió paso en el mundo a mediados de este mes. “Polémica por una morgue rodante en México: El camión dio vueltas durante tres días por dos municipios de Jalisco con 800 cadáveres en su interior”. La nota, publicada en Argentina con la leyenda “cosa de locos”, aunque exagera en el número de cuerpos –erró por 500–, bien hubiera sido creíble, porque da cuenta de la realidad.
A la noticia del llamado “tráiler de la muerte” habilitado como morgue, porque 157 cadáveres no cabían en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), le siguieron nuevas verdades que llegaron a ser peores: “Existe un segundo ‘tráiler de la muerte’ rentado para 80 cuerpos”. Luego: “Señalan que el tráiler tenía 273 cadáveres y no 157”. Al final la cifra quedó en 322 cuerpos.
Las imágenes del interior de uno de los contenedores pronto aparecieron: se ve a una persona caminando entre bolsas negras, como las usadas para la basura, que contenían los cuerpos. A partir del escándalo, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, cesó al director del IJCF, Luis Octavio Cotero, el martes 18; y un día después, al fiscal estatal, Raúl Sánchez Jiménez.
Desde que se supo la noticia comenzaron las protestas de los colectivos que buscan a familiares desaparecidos y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, por el mal trabajo en la identificación de cuerpos y por el trato indigno a los cadáveres.
“Este caso, junto con otros que se han conocido en el pasado en otros lugares, ilustra la falta de capacidad, y en ocasiones de voluntad de las autoridades en distintas partes del país para cumplir con los mínimos estándares de dignidad y respeto hacia los cuerpos de las personas fallecidas, cualesquiera que sean las circunstancias en las que murieran”, indicó en un comunicado la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La noticia de las morgues móviles saltó dos días después de que unos mariachis asesinos activaran sus armas en Garibaldi, la plaza de la música vernácula en la Ciudad de México, y mataran a seis personas. Con todo y muertos tirados en la calle la fiesta no se detuvo. En el país la muerte está normalizada.
Esa misma semana –la segunda de este mes–, la fiscalía de Veracruz había anunciado el hallazgo de una fosa con 174 cráneos, en algún lugar del centro del estado, que el gobierno no quiso revelar pero que tanto familias que buscan a parientes desaparecidos como periodistas ubicaron como Arbolillo, donde ya en 2017 se habían descubierto otras fosas.
La crisis de los cadáveres ocurrió en un lapso de dos semanas. Sin embargo, el problema está extendido en el país y comenzó a gestarse desde hace dos sexenios: desde que la llamada “guerra antidrogas” inaugurada por Felipe Calderón encendió la violencia en el país y la cual fue prolongada por Enrique Peña Nieto, al grado de que 2017 fue el más violento de los últimos 21 años en México, con más de 25 mil asesinatos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La violencia no retrocede: el pasado julio obtuvo el récord del mes más mortífero, con 2 mil 599 homicidios. Y en los dos sexenios suman 38 mil las personas desaparecidas.
Saturación de morgues
Según un documento oficial al que este semanario tuvo acceso, hasta 2017 en las morgues mexicanas –sin contar las de Campeche, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora–, había 14 mil 332 cadáveres sin identificar.
Las entidades donde es más evidente que la capacidad de las instalaciones forenses es insuficiente son Baja California, Chihuahua, el Estado de México, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas. La crisis por el sobrecupo de los cadáveres no identificados ya se había manifestado en reportes de prensa en distintas ocasiones.
En noviembre del año pasado, por ejemplo, los empleados del Servicio Médico Forense de Acapulco hicieron un paro de labores para protestar porque no aguantaban el hedor de 600 cadáveres no identificados que estaban ahí almacenados. La de Chilpancingo es otra morgue saturada.
En notas periodísticas se ha informado de quejas porque los empleados no se dan abasto y porque está rebasada la capacidad de las instalaciones forenses de Coatzacoalcos (2016), Tenosique (2017), Tijuana (2018), Guadalajara (2018), Ciudad Juárez (desde 2009 en repetidas ocasiones), Xalapa y Veracruz.
El subprocurador de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, había dado una cifra más alta en abril. Dijo que 35 mil personas desconocidas estaban en las morgues del país. Pero nunca volvió a hablar del tema ni hizo público de dónde sacó ese dato.
Y las organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda señalan que hay un gran número de casos sin registrar.
Jalisco, por ejemplo, a partir del descubrimiento de los “tráileres de la muerte” tuvo que transparentar sus datos: según familias que entraron a la morgue local, son 444 los cuerpos en calidad de desconocidos, de los cuales 322 estaban en los tractocamiones y el resto, en gavetas.
Según datos de la fiscalía estatal, sólo 60 cuerpos tienen ficha para su identificación.
Una investigación del periodista Darwin Franco, del portal Zona Docs, indica que durante el gobierno de Sandoval se han cometido 4 mil 850 homicidios dolosos; han desaparecido 4 mil 805 personas, se han localizado 119 fosas clandestinas, de las que se exhumaron 256 cuerpos y el gobierno tiene bajo su resguardo 2 mil 949 restos humanos; algunos son ceniza, otros están en las instalaciones del IJCF, otros en cámaras frigoríficas, unos fueron inhumados y otros “prestados” a escuelas de medicina.
Jalisco iba a construir un panteón forense, pero las obras están suspendidas.
Panteones forenses
A la mitad de este sexenio, en la Procuraduría General de la República (PGR) se prendieron las alarmas: se hizo evidente que serían necesarios “panteones forenses” para atender la demanda generada por la violencia.
El doctor Eduardo González Mata, director del Centro Médico Forense Federal y quien estaba a cargo del proyecto para solucionar el sobrecupo en las cámaras de refrigeración, fue sustituido después de que Raúl Cervantes dejó de ser procurador general. Su sucesor, Anselmo Apodaca, siguió administrando los cuerpos acumulados.
Desde ese momento, incluso los documentos que se habían redactado sobre el proyecto, desaparecieron. Cuando esta reportera solicitó por la vía de la Ley de Transparencia esa información, la PGR dijo que era inexistente.
El cementerio proyectado iba a tener cupo para 2 mil cuerpos.
Como no se ha construido, las instalaciones del Centro Médico Forense Federal de la PGR, así como el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) en la Ciudad de México, se han convertido en bodega de restos de víctimas no identificadas que murieron en matanzas o fueron exhumados de fosas clandestinas de otros estados.
Según la solicitud de información 1700100001118, hasta el semestre pasado había 374 restos humanos y material genético en espera de que les hicieran las pruebas que faltan para ser identificados, o que su información genética coincidiera con la de alguna persona en busca de un familiar.
La mayoría de los cuerpos corresponden a los exhumados por el Convenio Forense firmado en 2012 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam con el Equipo Argentino de Antropología Forense y organizaciones de migrantes de México y Centroamérica, en el que la PGR se comprometió a exhumar e identificar a las víctimas de la matanza de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, de 2010; las fosas halladas en 2011 en el mismo municipio y los 49 cuerpos mutilados hallados en la carretera en Cadereyta, Nuevo León, en 2012, los cuales se presume son de migrantes.
Esa morgue federal tiene cuerpos de otros casos que por tantos exhumados ganaron notoriedad.
En las gavetas están 135 cuerpos exhumados a partir de la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que dio pie a que familias que tenían a familiares desaparecidos fundaran la organización Los Otros Desaparecidos, que organizó brigadas que peinaron los cerros de Iguala y Cocula para ubicar lugares donde hubiera cuerpos.
En el Incifo, dependiente del Tribunal Superior de Justicia, se encuentran 184 provenientes de San Fernando, Tamaulipas, del rancho El Huizache, donde ocurrió la masacre de los 72, o de El Arenal, donde se encontraron los cuerpos de los pasajeros de autobuses.
Además siguen en espera de identificación 35 cuerpos hallados en 2013 en La Barca, Jalisco, que –según el funcionario entrevistado–, quedaron “destrozados cuando fueron exhumados con maquinaria ‘mano de chango’, porque no pensaban que estaban tan a flor de tierra. Además son de muchas temporalidades post mortem”.
Llama la atención una sección del informe que presenta cadáveres de otro tipo y que carece de exámenes que ayudarían a identificarlos.
A los que les faltan varios de los registros que deberían de habérseles practicado, sea de medicina forense, odontología, genética, criminalística de campo, fotografía y audio y video forenses, son 41.
Entre estos se encuentran cuerpos de Acapulco, Tepic, Ayutla, Tecámac e Iztapalapa, pero otros 28 provienen del ejido Maclovio Rojas, lo que significa que fueron encontrados en los terrenos donde trabajó Santiago Meza López, El Pozolero, quien hasta 2009 se encargó de disolver cuerpos en ácido, al servicio de un grupo criminal. A pesar de que hace una década investigaron esos sitios, los restos obtenidos aún carecen de estudios.
Y mientras las morgues de varios estados se llenan de personas desconocidas que –según cada legislación– en un lapso de días o de meses podrían ser enviadas a fosas comunes, y miles de familias siguen buscando a sus parientes desaparecidos, Peña Nieto sigue negando la violencia homicida y la crisis de derechos humanos.
(En la imagen: Peritos forenses realizan una inspección en una fosa clandestina en el municipio de García, Nuevo León. Foto: Cuartoscuro / Archivo)
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