Humberto Musacchio
A la memoria de Nacho Ruiz Velasco
Atorada la investigación sobre los 43 muchachos de Ayotzinapa, con amplias zonas del país convertidas en tierra de nadie y sonados casos no resueltos de abusos de autoridad, es preocupante el destino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
No es un secreto que Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional, no es persona grata en Palacio Nacional. Sus recomendaciones no se atienden debidamente y, para hacer más ostensible el desencuentro, Ya Saben Quién se negó a recibir personalmente el informe sobre violaciones a los derechos humanos.
Es obvio que en ésta y otras materias los organismos autónomos –la CNDH lo es–mantienen una línea divergente respecto del Ejecutivo. Por supuesto, varias de esas entidades son herencia del periodo neoliberal y no caben en estos tiempos de la cuarta transformación, pero también las hay que responden a necesidades reales de la sociedad mexicana, como es el caso de la que preside Luis Raúl González Pérez.
Pero la animadversión no la suscita sólo el ombudsman en lo personal, sino la institución misma que encabeza e incluso las comisiones de derechos humanos de los estados. Tan es así, que desde hace varios meses se especula con su desaparición o por lo menos se quiere sustituirla por algo menos irritante.
Hay incluso una iniciativa del vicepresidente del Senado y miembro de Morena, Salomón Jara, para suprimir la CNDH y poner en su lugar una “defensoría del pueblo” cuyo titular sea nombrado directamente por el Presidente de la República. Como es obvio, se trata de una jugarreta seudojurídica, pues la CNDH es, precisamente, una defensoría del pueblo frente a los excesos de la autoridad, y valiente defensor del pueblo sería aquel que le deba el cargo al principal vigilado.
En unas semanas más se elegirá al nuevo ombudsman y, según Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la bancada morenista, por esa proximidad se decidió posponer el proceso legislativo para reformar o sustituir la actual CNDH. De acuerdo con la nota de la reportera Leticia Robles de la Rosa (Excélsior, 18/Sep./2019), se consideró incompatible la reforma o supresión de la CNDH con el nombramiento del nuevo ombudsman, “pues no puede modificarse la estructura de la institución de forma paralela al nombramiento de su responsable”.
Ante tan ilógica incompatibilidad, cabe preguntarse ¿Por qué no? ¿Qué impide trabajar ambos temas de manera conjunta? ¿Qué caso tiene nombrar un presidente de la Comisión si ésta será reformada o suprimida en un futuro cercano? En tales circunstancias, se supone que lo más conveniente sería empatar una cosa con otra, pero la frenada hace pensar que alguien, en el círculo del poder, entendió que ya era bastante con defenestrar a González Pérez, y que lo recomendable era no excederse.
Lo del nombramiento presidencial directo también resulta innecesario, habida cuenta de la mansedumbre parlamentaria ante las indicaciones del Ejecutivo, herencia de los viejos tiempos, cuando no se movía la hoja del árbol sin la voluntad del Señor Presidente y la más leve orientación, sugerencia o alusión era interpretada como orden terminante, irrecusable.
Nadie ignora que por sus decisiones, el actual gobierno afronta duras críticas, no pocas de ellas injustas y hasta pagadas, pues la actuación del poder siempre pisa callos, y cuando pertenecen a pies que suelen aplastarlo todo a su paso, el análisis y aún la reprobación de la autoridad tienen detrás intereses ajenos a cualquier beneficio popular. Pero el poder, para ser mejor, necesita de la crítica que le muestre cuándo se equivoca y de contrapesos que equilibren toda medida.
Por lo visto y oído, Luis Raúl González Pérez no será reelegido, lo que sentará un precedente nefastísimo, pues no se le margina por una actuación indebida, sino simplemente porque cumplió con su función. Pero podemos adelantar que ante la ineficiencia y la corrupción que privan en los cuerpos represivos, en el Ministerio Público y en la judicatura, un ombudsman a modo no le servirá a la sociedad, pero tampoco a quienes están obligados a pacificar a México y a imponer un eficaz imperio de la ley, respetuoso de los derechos de todos. Al tiempo.
