Gaspard Estrada
La semana pasada el presidente colombiano Iván Duque hizo un anuncio que puede provocar un giro decisivo en su gobierno: Junto al alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, el italiano Filippo Grandi, el inquilino del palacio de Nariño (sede de la presidencia colombiana) se comprometió a regularizar a los más de 1.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos que residen actualmente en ese país.
Al hacerlo, Duque sorprendió a propios y extraños después de haber criticado duramente al régimen de Nicolás Maduro y promovido iniciativas para lograr su caída. Y es que el tema de la migración venezolana se ha transformado en un asunto central de la vida pública del país, que cuenta con 50 millones de habitantes. A raíz de la pandemia, la crisis económica se ha intensificado en Colombia, y en la opinión pública, la presencia de la población venezolana ha provocado reacciones encontradas, inclusive en el seno de autoridades progresistas, como la alcaldesa de Bogotá (y lideresa del Partido Verde), Claudia López.
En concreto, el gobierno colombiano les dará protección y además estatus legal durante una década, lo que no les dará derecho a voto en elecciones locales, pero les permitirá vivir con una situación migratoria y legal regularizada. No se trata de algo menor, teniendo en cuenta que cerca del 90 por ciento de los venezolanos que viven en Colombia trabajan en el sector informal y 56 por ciento no cuenta con un estatus migratorio regular, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) de ese país. La idea es que todos los migrantes formen parte del sistema de registro nacional y tengan, al menos en teoría, una relación con el Estado transparente y que les permita tener acceso a algunos derechos.
Si bien pocas medidas concretas han sido anunciadas hasta ahora para acompañar este proceso de regularización, se trata sin duda de un paso muy positivo. ¿Cómo es posible que uno de los principales líderes conservadores de la región, cuya agenda política siempre había sido contraria a este tipo de medidas, haya impulsado tal iniciativa? Existen elementos políticos, tanto internos como externos, que permiten entender las razones detrás de esa decisión crucial para el futuro de Colombia.
En primer lugar, el gobierno de Iván Duque se encontraba en una posición defensiva en el plano interno desde hace unos meses. Las consecuencias políticas y económicas de la pandemia provocaron la caída de la aprobación del gobierno, y un aumento de las tensiones dentro de la coalición gubernamental en el congreso. El ministro de la defensa, Carlos Holmes Trujillo, que se posicionaba como la carta fuerte del oficialismo de cara a las próximas elecciones presidenciales de próximo año, falleció a causa del Covid-19, lo que reabrió la competencia interna por la candidatura de la derecha. Pero no solo ha habido muertes en el oficialismo. También lo ha habido de manera más general en la sociedad colombiana, que ha venido perdiendo confianza en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en 2016.
Desde la llegada al poder de Iván Duque, los asesinatos de líderes sociales y campesinos se han multiplicado, y a pesar de las alertas emitidas por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la Cruz Roja o la Unión Europea, el gobierno colombiano poco (o nada) ha hecho para evitar que este fenómeno macabro continúe.
En el plano externo, la posición del presidente colombiano se debilitó fuertemente en las últimas semanas tras la elección en Estados Unidos del candidato demócrata Joe Biden. En efecto, Iván Duque y varios congresistas de su partido respaldaron hasta el final al entonces presidente Donald Trump, aduciendo un “riesgo” para los países andinos en caso de que el “comunista” Joe Biden sea electo como presidente. Este respaldo político molestó a buena parte del establishment demócrata.
De tal suerte que el sorpresivo anuncio realizado por Duque el pasado 9 de febrero permite dar un golpe de timón tanto en el plano interno como externo, y reencauzar la narrativa del gobierno a poco menos de dos años de la elección presidencial. Esperemos que este anuncio se traduzca en una realidad.
* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada
