El Sur / Ciudad de México, 29 de agosto de 2020. La desaparición forzada en México es una herida permanente que no deja de doler: al menos 73 mil 201 personas permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas desde 1964 y hasta julio de 2020, según el último informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Este 30 de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y organizaciones, familiares y amigos de personas desaparecidas han hecho un llamado a la sociedad para que les ayude no sólo a visibilizar la gravedad del fenómeno sino también a que comprendan que se trata de una violencia que puede sufrir cualquiera.
En torno a los miles de desaparecidos hay otras tantas personas que han emprendido búsquedas interminables, enfrentando los recovecos de la burocracia y múltiples riesgos con tal de hallar a sus seres queridos.
“Una desaparición no afecta nada más a una persona en la familia: es como una bomba expansiva, afecta a todo el núcleo”, define para El Sur Yoltzi Martínez, del Colectivo Raúl Trujillo Herrera por los Desaparecidos en Guerrero.
“Nos hemos convertido en expertos en trámites, dependencias, aprendimos palabras que nunca pensamos meter a nuestro lenguaje, descubrimos oficinas que nunca pensamos que iban a existir”, cuenta la activista, quien busca a su hermana Yatzi, desaparecida en Acapulco el 27 de abril de 2010.
“Pasamos de tratar de vender, de sobrevivir, de trabajar, a tratar de tener información y justicia. Se nos está yendo la vida buscando a nuestros familiares y la justicia para ellos y ellas”.
En busca de un diálogo abierto y el apoyo de la sociedad, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México emprendió en redes sociales la campaña #LesQueremosDeVuelta para dignificar a las personas desaparecidas, mientras que desde el 5 de agosto se iniciaron caminatas que tendrán lugar el primer miércoles de cada mes y estarán dedicadas a la memoria y la justicia, por la búsqueda y localización de todas las víctimas de desaparición forzada.
“Las caminatas se están haciendo a nivel nacional, además de Ciudad de México se retomaron en Zacatecas, Sinaloa, San Luis Potosí; en Guerrero se hacen en las ciudades de Chilpancingo y Atoyac de Álvarez”, informa en entrevista Julio Mata, secretario de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México (Afadem).
En Atoyac, donde las fuerzas armadas desaparecieron a más de 470 personas durante la Guerra Sucia, Afadem y el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos estarán realizando exposiciones fotográficas y actividades enfocadas en la memoria hasta que termine el año.
“Poco a poco la población se va haciendo más sensible a estos procesos –agrega Mata–. Tenemos que luchar contra el estigma, la idea de que algo hicieron y por eso se los llevaron, es algo que viene desde los años setenta y el Estado lo ha repetido en el tiempo. Las mismas autoridades, antes de hacer una investigación, culpabilizan a las personas desaparecidas. Nuestra lucha también se centra en esta parte”.
Sin voluntad política, las leyes son insuficientes
Este viernes, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos (MNDM) se congratuló por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar la petición formal al Senado para que se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) para revisar casos individuales.
En 2008, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la ONU, que entró en vigor en diciembre de 2010. Con ello, se estableció la obligación de crear un Comité: órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención por sus Estados parte. Sin embargo, a la fecha, el Estado mexicano no había aceptado la competencia del CED.
“Confiamos en que la competencia sea aprobada a la brevedad. Pero quedan muchos pendientes, como la promesa del año pasado sobre una invitación oficial al Comité para una visita oficial a México. Es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores procese tal invitación”, comenta Virginia Garay Cázares, de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros de Nayarit.
En el país únicamente ha habido 40 sentencias por desaparición de personas y el Estado aún no reconoce más de 300 acciones urgentes que el Comité de la ONU emitió y que nunca fueron tomadas en cuenta, remarca por su lado Grace Fernández, del colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame.
En tanto, la creación de mecanismos internacionales como el CED es un paso importante pero no implica un resolución contundente, así como tampoco estaría al alcance de todas las víctimas, resalta Yoltzi Martínez.
“Son una ventaja porque quiere decir que están obligando a actuar al gobierno mexicano. Pero realmente esa justicia sería para unos cuantos. La justicia es para pocos, para quienes pueden pagar un abogado y meter un amparo, un juicio, quejas, y realmente nosotros no lo podemos hacer.
“A las personas normales la escuela no nos está preparando para ser una víctima de algún delito para saber cómo reaccionar y ver cómo vamos a enfrentar todo ese proceso. Hay personas que no saben que tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no saben de ese Comité y a los pocos que están llegando el gobierno no les hace caso. Piensa en el caso Radilla: ya tienen sentencia, recomendaciones, ya tienen todo y el Estado mexicano no ha actuado en concreto en ninguna acción”.
El 1 de julio pasado, Yoltzi y otras mujeres de distintos colectivos de búsqueda desmontaron el plantón que mantuvieron un mes frente al Palacio Nacional. Se fueron tras la renuncia de Mara Gómez a la dirección de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) y dejando una cita pendiente con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Hasta la fecha este encuentro no se ha cumplido.
En opinión de Julio Mata, “en este momento hay buenas leyes en México pero no se aplican porque no hay voluntad política. Desde la presidencia se aparenta y se simula.
“Tenemos una Ley General de Víctimas que es fruto del esfuerzo de muchas organizaciones y que no se está aplicando. Era lo que denunciaba el plantón frente a Palacio Nacional. Por desgracia se sentó en la salida de Mara Gómez, pero como Afadem creemos que el punto no era tanto su salida sino que se cumpliera esa ley”.
Abstención de fiscalías ante el Protocolo Homologado
“Cada año conmemoramos el 30 de agosto para recordar a las autoridades y a la sociedad civil que este es un delito grave y complejo y que ninguno de ustedes está exento de vivirlo”, dijo Grace Fernández durante una conferencia de prensa organizada por el MNDM este viernes.
Asimismo, integrantes del Movimiento compartieron su posición acerca de los avances en políticas públicas relacionadas con el tema y alertaron sobre la abstención de las fiscalías en la votación que aprobó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB) el pasado 27 de agosto.
De acuerdo con Fernández, durante la sesión del Sistema Nacional de Búsqueda en que se ratificó el Protocolo Homologado, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se abstuvieron de votar con el argumento de que este Protocolo atentaría contra el artículo 21 constitucional, por el cual la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías.
“Dijeron que el Protocolo atenta contra este mandamiento, pero la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en la que se basa el Protocolo, se deriva del artículo primero constitucional que dice que todas las autoridades, en los tres niveles de gobierno, están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, explicó.
Otra política pública que aún no ha logrado concretarse es la conformación del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que entró en vigor el 5 de diciembre de 2019.
“El Grupo Coordinador es muy importante porque debe estar constituido por especialistas independientes y del más alto valor moral, entre ellos antropólogos y médicos forenses. Estamos a punto de lanzar la convocatoria para conformarlo”, comentó Martín Villalobos Valencia, de la Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos.
En México, continuó, fenómenos como el narcotráfico y la delincuencia organizada han determinado el rezago histórico de las fiscalías en los casos de desaparición. Por ello urge este Grupo Coordinador, a fin de identificar las personas que se encuentran en las morgues y fosas comunes.
En cuanto a los alcances del MEIF, Grace Fernández expuso que los 37 mil cuerpos sin identificar de que se tiene registro constituyen un diagnóstico preliminar que realizó la FGR el año pasado. Sin embargo, muchas fiscalías no presentaron datos y otras no cuentan con un registro adecuado; las personas no identificadas podrían ser, por lo tanto, muchas más.
“El Mecanismo, al tener una fecha máxima de cobertura –del 5 de diciembre 2019 para atrás–, va a poder analizar todos los restos que estén pendientes de identificación, pero hacia adelante en el tiempo va a tener algunas limitaciones que el Grupo Coordinador tendrá que considerar”, dijo.
Una vez que se eche a andar, el Mecanismo tendrá que solventar el rezago de los últimos 10 o 15 años. De esta manera, el trabajo cotidiano de identificación no se vería afectado por el acumulamiento de pendientes de años anteriores.
“Desde las familias – añadió Fernández–, lo que le hemos dicho a las fiscalías estatales es que esta es una oportunidad para que realmente puedan fortalecer sus servicios forenses”.
Texto: Caterina Morbiato
