En 16 comunidades indígenas han tomado estas medidas extremas, donde los niños tienen que pagar lo que el gobierno y las autoridades no están cumpliendo, indica.
Chilpancingo, Guerrero, 24 de enero de 2020. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que la integración de niños la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, es por el estado de indefensión en que viven y son medidas extremas ante la falta de atención de las autoridades municipales, del estado y federal.
En declaraciones por teléfono el defensor de los derechos humanos expresó “son medidas extremas a las que están llegando algunas comunidades, nos habla del estado de indefensión, de abandono, de no estar dentro de los planes de los gobierno municipales, estatales y federales, de cómo atender y resolver sus problemas añejos y de cómo prevenir de casos de violencia extrema”.
Agregó que las 16 comunidades indígenas han tomado estas medidas extremas, donde los niños tienen que pagar lo que el gobierno y las autoridades no están cumpliendo, “tienen que asumir una responsabilidad que por años no la ha asumido”.
Dijo que además de grave es un problema muy dramático, por eso urgió a las autoridades a replantear su relación con los pueblos indígenas: “Chilapa está a una hora de la capital del estado, sin embargo a unos pocos kilómetros de la cabecera estamos como en otro Guerrero, en otro estado. Abandono, violencia, delincuencia, impunidad se junta todo esos factores que están aplastando a las comunidades indígenas”.
Barrera Hernández dijo que estas medidas extremas no son las mas saludables para la comunidad, “pero son también un indicador del abandono, del olvido, de la discriminación, el trato racista que se le da a los indígenas, de dejar que las mismas armas y los grupos de la delincuencia impongan la ley, y es sumamente delicado porque nos habla de un Estado fallido, de instituciones colapsadas que no atienden a las comunidades indígenas. De un modelo de seguridad que no garantiza la seguridad a los pueblos indígenas”.
También dijo que el propio gobierno del estado quitó los derechos que tenían los pueblos en la Ley 701 que reconocía plenamente a la policía comunitaria, y ahora la delincuencia usa a los grupos denominados autodefensas a sus propios intereses.
Texto: Jacob Morales / Foto: Archivo El Sur
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