Texto: Natalia Vitela / Agencia Reforma/Apro/ Foto: Agencia Reforma
Ciudad de México, 4 de abril de 2018. La iniciativa que busca la prohibición de la gestación subrogada debe aprobarse antes de que concluya el periodo legislativo, demandó la organización Feministas Mexicanas contra Vientre de Alquiler.
“Instamos a nuestros legisladores a no permitir que se legalice (la subrogación de vientres), y con eso se normalice la idea de las mujeres como meros instrumentos a los servicios de los deseos de otros aun a costa de su vida y bienestar. Pedimos a las cámaras del Congreso de la Unión que por razones humanitarias también se opongan a la llamada maternidad subrogada”, pidió Laura Lecuona, miembro de esta organización.
Afirmó que esta práctica se permite en Tabasco y Sinaloa, y hay actualmente varias iniciativas que pretenden regularla en un plano federal.
“Se acaba el periodo legislativo y esto no puede quedar en el cajón de los pendientes. Urgimos a que se prohíba la explotación reproductiva de más mujeres de una vez por todas”, subrayó.
Lecuona aseguró que las leyes mexicanas estipulan que las partes del cuerpo y las propias personas no están sujetas al comercio, por lo que cuando se incurre a la subrogación de vientres hay una violación de las leyes.
Las feministas también hicieron el llamado a los candidatos presidenciales.
“A nivel candidatos no se ha hablado del tema, no nos hemos enterado que se hayan pronunciado en algún sentido”, lamentó María del Rocío Fernández, miembro de la organización.
Fernández mencionó que en otras naciones ya se ha prohibido porque vulnera los derechos de las mujeres e infantes.
De acuerdo con la organización, esta práctica es riesgosa porque favorece la explotación de mujeres mexicanas y así como la trata de menores, además de que quienes alquilan su vientre son mujeres pobres que lo hacen por falta de recursos para sobrevivir.
Reiteraron que esta práctica pone en riesgo la salud de las mujeres, pues incluso hay algunas que han sido contagiadas de Sida.
Las mujeres de la organización precisaron que, además, cuando los bebés nacen enfermos son abandonados por quienes contrataron el servicio de gestación subrogada.
Advirtieron sobre la opacidad de datos en esta industria, por lo que no se tienen registros de cuántas mujeres mexicanas subrogan sus vientres ni cuántos niños han sido abandonados.
“Esta industria se caracteriza por la opacidad, por lo que es difícil tener datos precisos”, apuntó Fernández.
Se trata de una industria con ganancias millonarias dirigida a personas con recursos, quienes pueden pagar hasta 240 mil euros (arriba de 5 millones de pesos), mientras que las mujeres que alquilan su vientre apenas reciben menos de un 10 por ciento de tal cantidad.
La organización detalló que tienen identificadas al menos cinco empresas que se dedican a este comercio.
Apelará la CDHDF ante la SCJN la objeción de conciencia en casos de aborto o eutanasia
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) dará la batalla en contra de la reforma a la Ley General de Salud con la que senadores aprobaron el derecho de “objeción de conciencia” de enfermeros y médicos, el 22 de marzo anterior.
Nashieli Ramírez Hernández, ombudsperson capitalina, consideró que la adición al artículo décimo, aprobada en la Cámara alta, pondría en riesgo los derechos a la salud, así como garantías de las mujeres capitalinas, pues avala que personal médico se niegue a brindar cualquier servicio que vaya en contra de sus valores éticos y morales, o por cuestiones de religión, especialmente en los casos de aborto y la eutanasia.
En la presentación del informe de la CDHDF 2017 ante el pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF), la presidenta de la comisión explicó que el problema no es el derecho mismo sino su aplicación, pues en el contexto de la capital contraviene garantías por las que se han luchado en la capital.
También señaló que, para aplicar el derecho de objeción de conciencia, sería necesario trabajar en un conjunto de reglamentos secundarios que compensen las negativas de los médicos:
“Si yo por objeción de conciencia no quiero aplicarlo (algún aborto), forzosamente tendría que haber alguien ahí que lo hiciera. Tiene que haber protocolos que lo hagan”, sugirió.
En la sesión de preguntas y respuestas ante los diputados locales, la presidenta del órgano autónomo hizo un llamado a la Asamblea a sumarse a la lucha que emprenderá la Comisión y que inició ayer con el envío de una carta al presidente Enrique Peña Nieto, solicitando ejerza su facultad de veto y con ello impida las modificaciones.
La titular de la CDHDF indicó que, de ponerse en marcha la ley, la Comisión interpondría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por contravenir las normales locales.
“Lo tenemos que regular, nosotros decimos ‘modifícala, pero regúlala’. La visión es cómo fortalecemos el derecho a la libertad de creencias, pero también el derecho a la salud, en una lógica de que el derecho a la libertad de creencias no puede ir por encima de derechos públicos, porque aquél es un derecho particular”.
El informe
La comparecencia ante diputados locales para dar cuenta de las acciones de la Comisión local durante el 2017 duró más de tres horas.
En ese tiempo, diputados de todas las bancadas cuestionaron las acciones de la CDHDF en materia de migración, personas en situación de calle, explotación laboral, derecho al agua, construcciones irregulares y violaciones a derechos humanos luego del sismo del 19 de septiembre.
Ramírez Hernández asumió el cargo apenas el 7 de noviembre pasado, por lo que parte del informe presentado se refirió a las acciones de su antecesora, Perla Gómez, duramente criticada por defensores, organizaciones sociales, trabajadores de la institución y víctimas de violaciones a derechos humanos por su actuación al frente del organismo y por casos no atendidos.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos local dio a conocer que, durante el 2017, el órgano local registró 8 mil 812 expedientes de queja, y 91 quejas fueron iniciadas de oficio, por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por la Secretaría de Gobierno, Procuraduría General de Justicia, Seguridad Pública y Secretaría de Salud.
Según explicó, la mayoría de las violaciones a derechos humanos –donde se vulneraron garantías a la seguridad jurídica, a las personas privadas de la libertad, a la integridad personal y al trabajo— ocurrieron en las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, en ese orden.
La ombudsperson además reconoció que persisten las “violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, pues principalmente identificó las “omisiones reiteradas” de la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX) para investigar y aplicar protocolos específicos (como el de género), la persistencia del uso desmedido de la fuerza por agentes de la SSP-CDMX, y la violencia institucional contra las mujeres capitalinas.
Sin ahondar en detalles, dijo que lo anterior lo reafirmó la Comisión con las siete recomendaciones que dirigió a distintas autoridades capitalinas el año pasado. Éstas se concentraron en 42 expedientes, y representaron a más de 108 personas agraviadas.
Ante esta situación, la ombudsperson reprochó que no basta que las autoridades de gobierno “tengan buena voluntad” para aceptar las recomendaciones, “es necesario que las mismas cumplan con su responsabilidad de atenderlas en todos sus términos y en los plazos” establecidos.
Y concluyó: “Para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas que habitan en la Ciudad de México, es indispensable que las autoridades locales trabajen coordinadamente con el organismo”.
