Ciudad de México, 4 de diciembre de 2017. El sábado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En México es una fecha particularmente importante porque en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de este tipo de violencia en sus diversas expresiones, incluyendo la más fatal: el feminicidio.
De enero a junio del año en curso se registraron 784 asesinatos de mujeres, especialmente en los estados de México (que ocupa uno de los primeros lugares en feminicidio y en violencia contra la mujer); Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa y Colima (Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio).
Actualmente existen Alertas de Género en las siguientes entidades:
Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Colima y Nayarit. Sin embargo, algo se está haciendo mal por parte de las autoridades federales o estatales, porque estas Alertas no están dando los resultados que debieran y que se esperaban, es decir, sigue aumentando la violencia en esas entidades.
Se considera que 2016 ha sido el año con más violencia y feminicidio contra las mujeres en los últimos 27 años. ¿Qué está sucediendo en el país?, ¿por qué ese desmesurado crecimiento de la violencia?
Según el Inegi, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (seis de cada 10), 30.7 millones, ha enfrentado alguna vez en su vida violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor.
Cuatro de cada 10 mujeres han enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación; y cinco de cada 10 sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.
Entre 2014 y 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
El Inegi se ha dado a la tarea de clasificar esta violencia en diferentes tipos, e incluso en este año ha invertido importantes cantidades de dinero en un Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), muy completo y seguramente muy costoso, que incluye un glosario, donde define qué es violencia de género, económica y patrimonial, entre muchos otros conceptos relevantes.
Así, define como violencia económica al chantaje del hombre hacia la mujer, al controlar los ingresos monetarios del hogar, o bien, al cuestionar la forma de utilizarlos.
Las situaciones consideradas en torno al gasto son: reclamos en lo referente al dinero; ser codo o tacaño con los aportes a la casa; no cumplir con darlo o amenazar con no aportarlo; desviar el sustento económico necesario para la casa. Y, finalmente, adueñarse o quitarle dinero o bienes (como, por ejemplo, terrenos, automóviles y joyas, entre otros) y prohibirle trabajar o estudiar. La ley vigente define este concepto en los siguientes términos:
Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo.
En el caso de la violencia patrimonial, se refiere a los actos de coerción y despojo hacia las mujeres de 15 y más años, de sus bienes, recursos materiales o propiedades. El objetivo es identificar si algún familiar o la pareja las ha forzado u obligado para poner sus pertenencias a nombre de otra persona o las ha despojado, quitándole o robándole sus bienes o pertenencias.
La ley vigente define este concepto en los siguientes términos:
Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
Es muy importante considerar estas definiciones por la forma en que se presenta la siguiente gráfica, donde en el renglón de violencia económica y patrimonial (que la juntan), incluye violencia por parte de otros agresores, pero de acuerdo con la definición, proviene de la pareja y obviamente presenta una cifra muy baja.
Desde luego en estas definiciones que da Inegi no se considera la violencia económica que ejerce el Estado –sólo aparece como responsable la pareja– ni sus instituciones y la política económica, a través de la política laboral, que es violencia económica, provocando que las trabajadoras mexicanas experimenten otro tipo de violencias porque están estrechamente interrelacionadas y lo que a su vez contribuye a una enorme desigualdad de género, en detrimento de las mujeres.
No es posible que la violencia económica y patrimonial sea de apenas 29.0%, más allá de las cifras del silencio que, desde luego, son muy importantes. De acuerdo con la nota publicada por estas agencias, titulada “México, entre los cinco primeros países con más desigualdad laboral para mujeres”, nuestro país se posicionó como la quinta nación de América Latina y el Caribe con mayor desigualdad para las mujeres. El área laboral fue en la que las mexicanas tuvieron menos oportunidades, informó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).
En el “Informe global sobre la brecha de género 2017”, publicado este mes, el WEF señaló que México ocupó el lugar 20 de 24 países de la región latinoamericana y del Caribe analizados; y la posición 81 de 144 en el mundo. Tras analizar el nivel de participación y oportunidades económicas, políticas, educativas y de acceso a los servicios de salud de las mujeres, el organismo internacional evidenció que, de 2006 a 2017, se incrementó la brecha de género en el país, pues hace 12 años ocupó el lugar 75.
En una escala del 0 (imparidad) al 1 (paridad) este año el WEF –compuesto por personas empresarias, políticas y analistas sociales de economías de todo el mundo– calificó a México con una puntuación de apenas 0.692, lo que significa que las mujeres continúan enfrentando más desventajas en los ámbitos laboral, educativo, de salud y política.
En realidad ¿cuáles son los verdaderos componentes de la desigualdad y de la violencia económica, incluso patrimonial contra las mujeres? Básicamente son nueve:
Violación de los derechos económicos, laborales y humanos; Carga de trabajo doméstico no remunerado; Carga de trabajo de género que se traduce en suelo pegajoso y desigualdad de género.
Además, Desigualdad de género en los salarios y brecha salarial; Jornadas laborales; Salarios y brechas salariales; Desempleo y El derecho al trabajo como un derecho humano.
Acceso a los derechos laborales: seguridad social, sindicalización, capacitación; Derecho a la salud y Discriminación.
Si se consideraran estos elementos para medir la violencia económica y patrimonial contra las mujeres, ese 29% crecería muchísimo. Pero sobre todo se vería la interconexión que existe con la violencia doméstica y la desigualdad de géneros; incluso con el feminicidio.
Marcela Lagarde tiene mucha razón, esa violencia machista se ha exacerbado con el avance social de las mujeres, en particular en un espacio masculino por excelencia: el mundo laboral.
Por ejemplo, en el Presupuesto para la Igualdad –que solamente representa 0.0.5% de total del gasto público–, el programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, recibió y recibe muy escasos recursos.
En 2017 fueron de 0.01% del gasto para la igualdad; seguramente una cifra muy distinta a la que se destinó para ese Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM).
Hubiera sido mejor destinar esos recursos a las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, violencia económica, feminicidio, desigualdad de género y clasificación de la violencia y estadísticas sobre violencia contra las mujeres.
Texto: Carmen R. Ponce Meléndez, Economista especializada en temas de género, Apro-Cimac / Foto: Jesús García, Cuartoscuro
