Texto: Anayeli García, Apro-Cimac / Foto: Misael Valtierra
Senadoras van por paridad de género en Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
Ciudad de México, 10 de septiembre de 2018. Con el respaldo de legisladoras de todas las bancadas del Senado de la República, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa para reformar la Constitución federal y garantizar la paridad de género en el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en los organismos autónomos.
El jueves 6, durante la segunda sesión de la LXIV Legislatura, la senadora López Rabadán presentó una iniciativa para reformar y adicionar 15 artículos de la Constitución Política (3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 100, 102, 115 y 116) para eliminar barreras e impulsar la equivalencia de oportunidades entre mujeres y un hombre.
A nombre de senadoras de todos los partidos políticos, quienes antes de tomar posesión anunciaron que trabajarían por un frente común a favor de los derechos de las mexicanas, la panista dijo que es necesario incrementar la representación de las mujeres en el ámbito público y que la paridad de género no dependa de vaivenes políticos o de cualquier otro tipo de intereses.
Ahora que la LXIV Legislatura estará integrada por 63 mujeres y 65 varones, el mayor porcentaje de presencia femenina en toda la historia del Congreso de la Unión, el reto es hacer valer la ley para que se respete la participación de las mujeres en las instituciones como en el poder Ejecutivo, en el Judicial, en los órganos públicos autónomos y en el Congreso de la Unión, dijo.
Posteriormente, en conferencia de prensa y acompañada de mujeres de todos los partidos, la senadora afirmó que un tema que hermana a las legisladoras, sin importar su partido político, es empoderar a las mexicanas.
Ante la escasa participación de mujeres en la toma de decisiones, la panista dijo que es necesario que todos reconozcan la necesidad de cambiar y reconocerlas en igualdad de circunstancias y derechos.
En el poder Judicial de la Federación hay 876 magistrados del circuito, 714 son hombres; de 581 jueces de distrito, 444 son hombres; en el Consejo de la Judicatura Federal, de 7 integrantes, 5 son hombres; actualmente de las 19 dependencias, 16 son dirigidas por hombres; en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de 7 comisionados, 6 son hombres.
La iniciativa es respaldada por las diputadas feministas Martha Lucía Micher Camarena, quien presidió el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y por las excandidatas presidenciales Josefina Vázquez Mota y Patricia Mercado, quien también fuera secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.
Al respecto, Josefina Vázquez Mota, señaló que las mujeres llevan muchos años luchando por las posiciones y mientras esto suceda no habrá un país de equidad.
La panista, quien en el libro Una lección para todas: Aciertos y errores de tres mujeres en campaña revelara las dificultades para ser candidata presidencial, dijo que esta propuesta la hacen mujeres que han trabajado fuerte, que tienen talento, capacidad y trayectoria.
Es un derecho que tiene que ejercerse a plenitud y una señal de construcción en la política, sostuvo.
En esta sesión, la priista Vanessa Rubio propuso reformar la Ley de Instituciones de Crédito para que los consejos de las instituciones de banca estén integrados de forma paritaria y para que los fideicomisos públicos asignen al menos 20 por ciento de sus programas a medidas para que las mujeres accedan a ahorros, inversión, crédito y mecanismos de protección.
Por su parte, la ministra en retiro, actual senadora plurinominal y futura secretaria de Gobernación, una vez que tome posesión el nuevo gobierno, Olga Sánchez Cordero, expresó que este día es de fiesta por las iniciativas presentadas y enfocadas a lograr la auténtica igualdad.
La legisladora señaló que las iniciativas que responden a una lucha de las mujeres y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene precedentes en la materia y que este tema también se plasmó en la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la que participó.
Las mujeres se alistan para gobernar o legislar, a pesar de la violencia política
Concluyó el proceso electoral, pero eso no significa que acabó la violencia política contra aquellas mujeres que hicieron campaña y ganaron un cargo de elección popular; por el contrario, puede recrudecerse ahora que vienen las negociaciones, disputas y grescas propias del debate público.
En medio de las discusiones parlamentarias y las decisiones para conducir la administración de cada localidad, se van a desatar desacuerdos ideológicos, pero también enfado por la presencia de más mujeres; es decir, hay riesgo de agresiones físicas, amenazas, intimidaciones digitales y demás formas de violencia contra las candidatas electas.
Organizaciones, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres coinciden en que ahora que el Congreso de la Unión tendrá la mayor participación de mujeres: 49.2% de legisladoras en el Senado y 48.2% en la Cámara de Diputados, así, 48.7% de diputadas federales en 25 estados, no se puede perder de vista la violencia.
Durante el periodo de campañas fueron asesinadas siete precandidatas o candidatas a un cargo de elección en Oaxaca, Puebla, Michoacán, Chihuahua, Quintana Roo, y dos en Guerrero; además, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que 225 renunciaron a sus aspiraciones políticas.
No en todos los casos se conocen las razones de las denuncias, pero, por ejemplo, la candidata a la presidencia municipal de Chalchihuites, en Zacatecas, Claudia Olivares Duarte, renunció tras amenazas constantes y luego del abuso sexual a una de sus sobrinas.
Ahora que las mujeres se alistan a gobernar o legislar, la violencia sigue: el 1 de septiembre Elvia del Socorro Ortega, síndica electa en el municipio michoacano de Buenavista Tomatlán, renunció al cargo y al nombramiento de presidenta municipal, puesto que debía asumir tras el asesinato del alcalde electo, el pasado 20 de julio.
Y este caso, donde se presumen presiones para obligarla a renunciar, no es el único. El 3 de septiembre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas alertó sobre las solicitudes de renuncia de regidoras y diputadas locales que obtendrían un cargo por la vía plurinominal, al parecer también presionadas por sus partidos para ceder su lugar a los varones.
La analista y doctora en Antropología Social Georgina Cárdenas Acosta explicó que, una vez concluido el proceso electoral, queda la duda de quién va a atender y proteger a las mujeres electas que están siendo violentadas, porque además de voluntad se necesita que las instituciones tengan facultades para actuar.
El pasado 3 de septiembre el INE, a través de la Comisión temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, lanzó la plataforma Red de Mujeres Electas, para que las nuevas funcionarias reciban información y asesoría en caso de ser víctimas de violencia política de género.
La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien realizó el estudio denominado “Mujeres Gobernando lo local”, asegura que si bien es meritorio este esfuerzo del INE, la autoridad se dedica a temas electorales, por lo que hay que revisar qué acciones puede implementar, además de crear una red.
Explicó que la documentación y las investigaciones teóricas indican que cuando las mujeres llegan al cargo viven las peores violencias, de allí la importancia de instancias que atiendan los casos, como una Contraloría interna o una autoridad ministerial.
Las mujeres ya llegaron al poder, pero van a encontrar una serie de resistencias, como se ha visto en otros procesos electorales; por ejemplo, a las alcaldesas, síndicas y regidoras no se les convoca a las sesiones, no les permiten contratar personal de apoyo, se falsifica su firma o les niegan información necesaria para ejercer sus actividades, aseguró.
Para la académica es necesario contar con una definición de violencia política de género y con atribuciones para cada autoridad involucrada en la prevención, atención y sanción, porque si hoy por hoy las mujeres no denuncian es necesario que tengan organismos que actúen.
En este proceso, 26 de los 30 organismos electorales de los estados que realizaron comicios lanzaron la Red de Candidatas para dar seguimiento a las campañas de las mujeres desde los organismos electorales, explicó la consejera electoral de Jalisco y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), Virginia Gutiérrez Villalvazo.
Muchas mujeres rechazaron participar por falta de confianza en las instituciones electorales, desconocimiento del tema e inclusive confusión con la violencia generalizada en el país, además de miedo a posibles represalias de los agresores o de sus propios partidos políticos, quienes las castigarían al no volver a invitarlas a participar en política, explicó.
Aun así, en los resultados del proyecto se reportaron 114 casos de violencia política de género. El estado de Puebla fue el que más tuvo, 15, mientras que en Sonora sólo se registró uno. Las entidades que no reportaron violencia fueron: Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa y Yucatán.
El mayor reto, explicó la consejera electoral, fue la resistencia de las candidatas a otorgar su consentimiento para que el organismo electoral les pudiera dar seguimiento durante sus campañas.
Estos factores de resistencia también se evidencian a la hora de denunciar, toda vez que de 114 casos sólo se tiene registro de 41 denuncia (36.9%). El tema más denunciado fue el de ofensas, con 61 casos (53%), seguido de amenazas, con 19 (17%). También destaca que el mayor número de estas agresiones fue a través de redes sociales, aunque algunos se reportaron en mítines, entrevistas y debates.
La directora residente del Instituto Nacional Demócrata (IND), Keila González, organización internacional dedicada a fortalecer la democracia, manifestó la necesidad de dar seguimiento a los casos de violencia política de género, porque no es un fenómeno que sólo ocurra durante las elecciones.
Con la experiencia de acompañamiento de redes del IND, que lanzó la campaña #NoEsElCosto, González señaló que si ya hay una minuta para incluir el término de violencia política, que se quedó congelada en la Cámara de Diputados, es hora de pasar del discurso a la acción, porque ya se reconoce que la violencia no puede ser el costo de participar en los procesos políticos.
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