No hay ninguna prueba sólida para mantenerlos en prisión, señala el director de esa oficina, Miguel Martín Zumalacárreegui.
Acapulco, Guerrero, 20 de febrero de 2019. El director de la oficina de la Organización Mundial Contra la Tortura en Bruselas, Miguel Martín Zumalacárreegui, acompañado de integrantes de otras organizaciones sociales, visitaron a los 17 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) presos en el penal de Las Cruces, y al salir dijo que “no hay ninguna prueba sólida para mantenerlos en prisión”.
Ayer en declaraciones a reporteros al salir del penal, a donde acudió en compañía de representantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Miguel Martín solicitó la “liberación de los compañeros, garantías de no repetición y reparación por el daño”.
Además “que se haga justicia por los casos de tortura y ejecución extrajudiciales y vamos empujar de todas las maneras posibles” que la Fiscalía General del estado informe de los avances por la denuncia de tortura a la que se sometió a los detenidos del Cecop.
“Lamentablemente no se trata de un caso aislado en México, es parte de un patrón repetido de criminalización de la protesta social, de actos de tortura y malos tratos a las personas defensoras”, señaló.
Consideró que están en un momento de que muchos de los casos que se han postergado por años se empiecen a resolver, “eso evidencia que es una política de estado la represión a los defensores de derechos humanos, y estamos convencidos de que igual que Damián Gallardo, Enrique Guerrero, compañeros de Tlamixco y otros, están siendo liberados”.
Miguel Martín demandó la liberación de los 17 presos porque “no hay ninguna prueba sólida para mantenerles en prisión, el mundo está mirando y como decía, hay organizaciones internacionales, parlamentos europeos que siguen el caso y no creo que México pueda permitir que siga esta detención arbitraria por más tiempo”.
Consideró que es un “abuso del Estado mexicano” que sigan los integrantes del Cecop presos, “el caso preocupa mucho a la comunidad internacional, que lleven 400 días y noches encarcelados por defender el agua”.
Otra de las denuncias que hicieron las organizaciones es que la detención de los 17 opositores a la presa es muestra de que el sistema de justicia en México funciona a dos velocidades: “los compañeros procesados y con distintas diligencias y audiencias que van progresando”, y en el caso de la investigación por los casos de tortura y las ejecuciones extrajudiciales siguen sin avanzar.
Señaló que hay un proceso de investigación abierto en la Fiscalía pero “vemos que no avanza en lo absoluto y desde aquí las organizaciones presentes, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Morelos, CCTI y la OMCT estamos acompañando para que se pueda hacer justicia y los responsables de las torturas sean los que estén adentro y no los compañeros”.
Miguel Martín sostuvo que hay bastantes organizaciones civiles que “han mostrado preocupación por el caso y presentaron escritos en las fases previas, y los acompañaron hasta que se haga justicia”.
Defender el agua es un derecho
Martín Zumalacárreegui dijo que los detenidos “pudieron compartir los actos de tortura que sufrieron. Como hemos denunciado desde el principio del procedimiento: a todos los detenidos, incluyendo los que fueron liberados, se les expuso a malos tratos y a varios a tortura”.
“El mensaje es que sigan manteniéndose con fuerzas, saben que son inocentes y que defender derechos humanos es una obligación que el estado quiere quitarles, por eso nuestro mensaje de esperanza y también refuerza la indignación por el hecho de que estén presos por defender el agua”, precisó.
Explicó que la preocupación es el avance del proceso cercano a las fases finales. “Todo este tiempo alejados de las familias y entender el proceso de criminalización, más de 400 días y noches alejados de sus familias”.
Miguel Martín agregó que los presos mostraron preocupación porque desde el 7 de enero que inició el procedimiento la Policía Estatal, tomó la base de la Policía Comunitaria en La Concepción y se sigue intimidando a los comunitarios y a los pobladores; “es una estigmatización y ataque contra las comunidades”.
Por su parte, el médico del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en Guerrero, José Raymundo Díaz Tabuada, dijo que parte de las secuelas físicas que como sobrevivientes tienen los presos no han sido atendidas, “no se reconoce el delito de tortura, no hay ninguna investigación, entonces falta esa parte”.
Explicó que en las visitas que han hecho a los presos, entre ellos al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, determinaron que “sí hay secuelas, los compañeros se siguen quejando de algunos dolores por los golpes y también hay una queja permanente de las condiciones de encarcelamiento, están en aislamiento, no tienen acceso a actividades deportivas, tienen acceso limitado de clases de primaria o secundaria”.
Díaz Tabuada sostuvo que también se reunieron con el encargado del penal para informarle de las quejas de los presos del Cecop y que se les dé seguimiento.
Pidió que haya condiciones de igualdad porque los reos están en un área que no es propia, al estar en una clínica de desintoxicación.
En su oportunidad, el abogado y representante de Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar, reprochó que a un año y dos meses “en las investigaciones del tema de tortura a varios integrantes del Cecop no hay avances, como siempre se ha reclamado, y sí hay una agilización de procesos cuando se trata en contra de éstos, cuando ellos son víctimas”.
Criticó que los avances en la “ejecución extrajudicial” también los avances son mínimos.
Dijo que “con esta visita de las organizaciones civiles internacionales se corrobora la situación crítica en el caso del Cecop”.
Texto: Aurora Harrison / Foto: Carlos Alberto Carbajal
