Ante la presidenta del DIF Mercedes Calvo y el alcalde de Chilapa, Jesús Parra, autoridades comunitarias plantean sus demandas de seguridad con retenes del Ejército, obras y equipamiento, dijo el representante. Comenzaron los trabajos para construir dos escuelas, informa.
Chilpancingo, Guerrero, 21 de mayo de 2019. Autoridades comunitarias de Rincón de Chautla y de otras 16 localidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), exigieron ayer en una reunión a la que asistió la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, y el alcalde de Chilapa, Jesús Parra, respeto a su organización y solución a un pliego petitorio que desde la semana pasada entregaron al subsecretario de Gobierno, Martín Maldonado del Moral.
Ésta es la cuarta visita de autoridades estatales y municipales a esta comunidad indígena nahua en menos de ocho días, a raíz de los videos que difundieron en redes sociales el domingo y el viernes. En el primero aparecen niños realizando prácticas de uso de armamento en réplicas de madera y anuncian su adhesión a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y advierten que se defenderán del grupo delictivo de Los Ardillos.
Después de los videos en los que aparecen niños, las autoridades de la CRAC-PF difundieron otro el viernes, esta vez de mujeres que también advierten que asumirán la defensa de su pueblo del grupo delictivo y plantean varias demandas al gobierno del estado, las mismas de las que exigieron su solución ayer.
Vía telefónica, el coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, informó que este mismo lunes comenzaron los trabajos en Rincón de Chautla de la construcción de la escuela primaria y que comenzaron a llevar el material para otra escuela de tres aulas para Zacapexco. Esta es una localidad aliada a la CRAC-PF.
En un video de la reunión de ayer con la presidenta del DIF estatal y el alcalde de Chilapa, se escucha cuando el mismo Sánchez Luna expone: “Somos autoridades comunitarias, trabajamos con los pueblos y para los pueblos y exigimos respeto y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.
En seguida da a conocer la relación de las demandas de los 17 pueblos de los municipios de Chilapa y Heycantenango, que son la instalación de retenes militares en los cruceros de Tula, El Jaguey, Atzacoaloya, Puente Alto y Cerro Partido hasta llegar a Los Ajos, en la entrada de Chilapa, debido a que no pueden viajar a la cabecera municipal porque son interceptados en el camino por el grupo de Los Ardillos. También demandan la construcción de una casa de seguridad en Rincón de Chautla.
Además, la construcción de dos casas de impacto para el desarrollo de los pueblos originarios nahuas, 200 viviendas para Rincón de Chautla y Zacapezco, liberación del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes de San Jerónimo Palantla, pavimentación del tramo de 5 kilómetros de Rincón de Chautla a Zacapezco.
También demandan la devolución de la camioneta de Modesto Verales Sebastián, quien fue asesinado el 4 de mayo pasado en Chilapa junto al concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) José Lucio Bartolo, ambos miembros de la CRAC-PF, y la cancelación de 66 órdenes de aprehensión de vecinos de San Jerónimo Palantla.
También, el equipamiento de la oficina de la CRAC-PF, dos camionetas para la Policía Comunitaria, una ambulancia para trasladar a los enfermos de la corporación, radios de comunicación portátiles, una antena para radio, el permiso para operar una radiodifusora de la Policía Comunitaria, y 500 uniformes, gorras y botas para los policías comunitarios.
Además, solicitaron un millón y medio de pesos para la operación de la Policía Comunitaria, para gasolina, reparación de vehículos y la alimentación de los policías comunitarios, así como 200 despensas mensuales para los policías comunitarios de Rincón de Chautla y Zacapezco.
Por separado demandan la construcción de un aula escolar y un maestro para esa misma comunidad.
Además, piden la devolución de las cinco camionetas que abandonaron Los Ardillos durante el ataque del 27 de enero, porque explicó que es “resultado del trabajo” de la Policía Comunitaria que las decomisó, y no del gobierno que sólo fue a recogerlas.
Por teléfono el coordinador de la CRAC-PF informó que la presidenta del DIF Mercedes Calvo y el alcalde Jesús Parra, informaron que el próximo lunes irá personal de la Fiscalía General del Estado para revisar con ellos el caso de las 66 órdenes de aprehensión que hay en contra de integrantes de la CRAC-PF.
Dijo que también tratarán con ellos su demanda de liberación del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes.
Informó que, además, les entregaron paquetes de seis láminas, “pero nosotros les seguimos exigiendo 200 viviendas dignas, así como les han construido a los de la ciudad”.
Declaró que esperan que les hagan caso y se resuelvan todas las demandas que han planteado.
Sánchez Luna agregó que las autoridades estatales les han reclamado insistentemente por los videos de los niños que difundieron en las redes sociales y les advierten que éstos deben estar estudiando, “pero nosotros les respondemos que no les quitamos sus derechos, pero que cómo van a estudiar si no vienen los maestros y se les hizo un llamado a los maestros para que trabajen los cinco días a la semana.
Con respecto a las declaraciones del obispo Salvador Rangel, quien el domingo dijo que el conflicto es por tierras y que se tiene que esclarecer quién mató a las 12 personas (del grupo adversario) y que hay gente ajena a la zona que está entrenando a los niños y mujeres, el coordinador de la CRAC-PF, acusó que “ese obispo está metido con el grupo delictivo (Los Ardillos), ¿por qué está publicando eso si aquí no nos visita?”.
Aseguró que los vecinos se están preparando como pueblo “y desmentimos esas palabras del obispo y ni lo conocemos y se mete en asuntos políticos e interviene en la Policía Comunitaria, los pueblos han decidido que cualquier persona que hable en contra de la Policía Comunitaria será detenida. El obispo no tiene nada que ver en estos asuntos”.
Sánchez Luna amenazó que si el obispo sigue interviniendo en la vida comunitaria, lo van a investigar y los van a detener, “porque él no tiene nada que ver con nosotros”.
También respondió a la queja del presidente del comisariado de Bienes Comunales de Zelocotitlán, que pertenece al grupo contrario, y quien el mismo domingo se quejó de que el gobierno está apoyando solamente a Rincón de Chautla, a pesar de que sus policías comunitarios son los “rebeldes” y agresores y los de Zelocotitlán, y donde están las viudas de los hechos de violencia del 27 de enero.
Dijo que “nosotros nunca hemos ido a su comunidad, nosotros somos víctimas porque ellos entraron a nuestra comunidad, nosotros no somos los que fuimos a su comunidad para exterminar a su pueblo, el gobierno ya investigó que ellos nos atacaron y aunque digan que ellos son las víctimas”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo El Sur
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http://devtest.suracapulco.mx/2019/05/20/lleva-el-gobierno-viveres-a-rincon-de-chautla-chilapa-quieren-seguridad-dice-la-crac-pf/
