Ante la impunidad en desapariciones puede haber otro caso Ayotzinapa en Chilpancingo: AI
Hay un grave contexto de tolerancia en estas graves violaciones a derechos humanos y es “escandaloso que siga siendo la norma” en Guerrero, dice la directora para América Latina de la organización, Ericka Guevara. Confirma la participación de policías municipales y ministeriales en la desaparición de Alan Alexis Vélez y de dos menores de edad que aparecieron torturados.
Texto: Agencia Proceso
Foto: José Luis Cruz
Chilpancingo, Guerrero. La directora de Amnistía Internacional para América Latina, Ericka Guevara Rosas alertó que “otro caso como Ayotzinapa podría darse en cualquier momento” en Guerrero y, en particular, en Chilpancingo, ante el grave contexto de tolerancia y de impunidad en que ocurren las desapariciones forzadas.
Al señalar que, “es escandaloso que la impunidad por estas graves violaciones a derechos humanos siga siendo la norma” en Guerrero, dio a conocer en un comunicado la documentación de cinco casos de desaparición forzada ocurridos durante la última semana de diciembre en Chilpancingo.
La investigación de la organización, encabezada por Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional para México, confirmó la participación de policías municipales y ministeriales en la desaparición de Alan Alexis Vélez y de dos menores de edad, ocurrida el 27 de diciembre pasado, así como en la desaparición de Jorge Arturo Vázquez Campos y Eduardo Catalán Cabrera, el 30 de diciembre en la Feria de Navidad y Año Nuevo.
Los primeros tres aparecieron con vida el 3 de enero, con huellas severas de tortura; en tanto que otros dos jóvenes fueron encontrados en la vía pública ejecutados con un tiro en la cabeza. Guevara Rosas consideró que, “trágicamente, la desaparición forzada de estos jóvenes es la última de una larga serie de horrores ocurridos en el estado de Guerrero. Los signos alarmantes de corrupción y terribles violaciones a derechos humanos permanecen a la vista de todos y aquellos servidores públicos que negligentemente los ignoran, son cómplices”.
De acuerdo con la información recabada por Amnistía Internacional, Alan Alexis y los dos adolescentes fueron privados de su libertad por policías municipales y ministeriales durante siete días. El 27 de diciembre fueron llevados a la estación de policía de Chilpancingo y después “conducidos a una casa de seguridad y luego transportados en un viaje tormentoso a Acapulco”, donde estuvieron en celdas, “al menos tres días sin acceso a comida y con el temor de ser asesinados”.
La organización señaló que el pasado 3 de enero los tres jóvenes fueron llevados a Chilpancingo y “arrojados con vida detrás de un supermercado local, presentando claros signos de tortura y envueltos con cinta adhesiva de cuerpo y ojos”.
De acuerdo con la investigación de la organización internacional, en el caso de los tres jóvenes, “la policía los habría torturado con la intención de obtener información, en concreto una ‘confesión’ ilegal”.
Sobre los otros muchachos, cuyos cuerpos aparecieron el mismo 3 de enero en un lote abandonado, Amnistía Internacional contó con indicios de que “habrían sido desaparecidos por policías municipales, supuestamente en coordinación con el crimen organizado”.
Sin duda, la impunidad es lo que más preocupa, dice investigadora
La investigadora para México de la organización internacional, Madeleine Penman declaró a Proceso que, después de cuatro días de entrevistarse con autoridades del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), así como con familiares de víctimas y tres sobrevivientes, es posible afirmar que de la desaparición forzada en el estado, y en Chilpancingo en particular, “nadie está a salvo de ser víctima de crímenes atroces, tocan a todos los sectores lo mismo marginados que privilegiados, es alarmante”.
La investigadora destacó que lo que más preocupa a la organización es la “impunidad casi absoluta” en la que, no sólo no hay castigo para los responsables, sino que ni siquiera se realizan investigaciones oportunas por parte de autoridades, ya que, en ambos casos, aunque los familiares denunciaron los hechos de manera inmediata, no hay evidencias de que las autoridades hayan tratado de dar con su paradero.
“Todos los casos se denunciaron ante autoridades, todos tenían conocimiento de los hechos. En el caso de Jorge Arturo y Marco Eduardo, los familiares denunciaron desde el primer momento y hubo mucho ruido alrededor de estos hechos, que terminan en la presentación sin vida de los chicos, con balazos en la cabeza, al parecer un tiro de gracia.
“Los tres sobrevivientes vivieron una situación tremenda. Durante siete días estuvieron detenidos a manos de policía municipal y con involucramiento de policías ministeriales del estado de Guerrero, sufrieron incomunicación durante varios días. A los familiares se les negaba dar información del paradero a pesar de que los estaban buscando. Por los testimonios de los sobrevivientes, sabemos que la tortura incluyó técnicas de asfixia, amenazas de muerte, desnudez forzada, golpes tan fuertes que aún hay evidencias de moretones en sus cuerpos. Son indicaciones contundentes de violaciones graves al derecho internacional”, comentó la defensora.
Madeleine Penman señaló que en Chilpancingo se vive un “clima de terror”, y destacó que en los casos de los jóvenes que aparecieron ejecutados, sólo hay un policía municipal procesado, pese a indicios de más involucrados.
Del caso de los sobrevivientes, “todo indica que no ha se ha abierto carpeta de investigación por tortura, pese a que desde el 3 de enero las autoridades tienen conocimiento de los hechos, desde que aparecieron los chicos golpeados”.
Consideró que hay una “grave demora cuando hay tiempos que se tienen que imponer, cuando estamos hablando de huellas frescas que se tienen que analizar por medios forenses, que se tienen que preservar las evidencias. Sin duda, la impunidad es lo que más preocupa”.
La investigadora agregó que para Amnistía Internacional es lamentable que, en casos de desaparición “sean las familias las que se tienen que movilizar para que se esclarezcan los hechos, cuando las autoridades del estado de Guerrero son los que deberían esclarecer. En estos cinco casos, desde el primer momento hubo una fuerte denuncia y movilización ciudadana importante, lo que permitió de alguna manera que tres jóvenes aparecieran con vida y que de otros dos se supiera el destino final”.
Destacó que la norma en Guerrero es “la impunidad casi absoluta” pues, de acuerdo con datos que les proporcionó la Codehum, “desde 2002 a la fecha, ninguna recomendación por desaparición forzada ha sido cumplida”. Y puntualizó: “estamos hablando de un ambiente de tolerancia, de evidencias fuertes de colusión de autoridades con crimen organizado. Estamos hablando de un contexto de que en cualquier momento pude fomentar o permitir otras desapariciones forzadas masivas, incluso otro Ayotzinapa puede ser posible”.
(En la imagen, soldados del Ejército recorren la avenida Miguel Alemán de Chilpancingo, ya que están a cargo de la seguridad desde el jueves de la semana pasada, cuando la Policía Municipal fue desarmada porque empresarios denunciaron que los agentes cometen desapariciones. Foto: José Luis Cruz)
Registran 20 casos de jóvenes desaparecidos
que detuvo la policía de Chilpancingo
Los familiares no señalan a los agentes ante el grave riesgo al que se enfrentan porque son protegidos por las autoridades, pero hay videos, afirma la dirigente de un colectivo de desaparecidos, Guadalupe Narciso
Texto: Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero. En menos de dos años el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País documentó 20 casos de jóvenes desaparecidos que fueron detenidos por la Policía Municipal de Chilpancingo, y presumiblemente entregados a la delincuencia organizada, informó la presidenta del organismo Guadalupe Gutiérrez Narciso.
Declaró que los casos no se dieron a conocer por decisión de los familiares ante el grave riesgo al que se enfrentan, y que de los siete casos recientes el colectivo solamente sabe del de Efraín Patrón.
El 2 de enero el ex presidente de la Canaco, Piquinto Damián Huato denunció la desaparición de siete jóvenes en Chilpancingo, dos de ellos, Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, fueron encontrados muertos casi a la medianoche del 3 de enero cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital.
Dos más, Efraín Patrón Ramos de 25 años y Abel Aguilar García de 18 siguen desaparecidos, y tres más fueron encontrados vivos, torturados y atados de las manos a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío cerca del Palacio de Gobierno. En la mayoría de los casos, según el empresario, participó en su detención la Policía Municipal.
La representante de los familiares de desaparecidos y asesinados, Gutiérrez Narciso informó que de los siete casos recientes que denunció Damián Huato, y que ocurrieron entre el 23 al 31 de diciembre pasado, solamente dan seguimiento al de Efraín Patrón, quien no ha sido localizado y según sus familiares desapareció después de que fue detenido por policías municipales en la alameda Granados Maldonado a las 4 de la mañana del 29 de diciembre.
Informó que de los 100 casos a los que da seguimiento el colectivo, entre desaparecidos y asesinados, en 20 los testimonios refieren que las víctimas fueron detenidas por policías municipales desde el 2016.
Gutiérrez Narciso dijo que el colectivo comenzó a documentar los casos de desaparecidos y asesinados a partir de ese año, y que se incrementaron a partir de 2017.
Informó que de 2016 y lo que va de 2018 han llegado al colectivo 20 casos en los que se vio involucrada la Policía Municipal, “pero pues como siempre, los familiares tienen miedo de denunciar y exigir su presentación porque los tenemos (a los agresores) a la vista”, dijo la presidenta del colectivo.
Gutiérrez Narciso declaró que la vinculación de policías con miembros de la delincuencia coloca en un “riesgo muy grande” a los familiares de las víctimas, “pero sí, la policía es el principal apoyo de la delincuencia organizada, siempre ha sido así pero nunca se había hecho tan visible”.
Denunció que hay protección de las autoridades “de más arriba” a los agentes policiacos que han participado en la desaparición de personas.
Agregó que en los siete casos que se denunciaron del 23 al 31 de diciembre, no pudo haber participado solamente un policía, que es al que quieren vincular a proceso, “son muchos, pero el gobierno sabe cómo protegerse y a quién echarle la culpa”.
Añadió que lamentablemente nadie tiene el valor de decir la verdad, “pero participaron muchos elementos de la policía, hay muchos involucrados, hay videos de todo, pero los familiares tienen miedo de hablar”.
Lea toda la información en nuestra edición de este viernes 12 de enero:
Páginas 12 y 13
