Aunque aún hay confusión, el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, aclara que él no habla de un secuestro “pero sí de desaparición” forzada la noche del lunes 3 de noviembre.
Ciudad de México, 7 de noviembre de 2018. Unos 100 migrantes hondureños habrían sido víctimas de desaparición forzada por una banda del crimen organizado en su camino de Veracruz a la Ciudad de México, informó el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, quien, posteriormente, en entrevista telefónica con El Sur precisó que ya existe una denuncia al respecto ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la Procuraduría General de la República (PGR), hecha por un migrante que fue testigo presencial.
“Prosperaron nuestras gestiones con las víctimas, pues no querían presentar denuncias por la desaparición a la que hice referencia, pero se logró”, afirmó Peimbert. La queja, de la cual no conoce el contenido “pero de que existe es un hecho”, fue interpuesta las últimas horas del lunes.
Sobre el caso, aclaró que él no habló de un secuestro “pero sí de desaparición” y puntualizó:
La presunta desaparición forzada de los migrantes de la primera caravana habría ocurrido el 3 de noviembre por la noche, luego de que arribaron al municipio de Isla. “Después de que Miguel Ángel Yunes (gobernador de Veracruz) declina el apoyo a migrantes, la caravana se dirigió a Isla para de ahí cruzar a Córdoba. Ese tramo carretero es uno de los más peligrosos del país. Eso nos preocupó muchísimo”, relató el ombudsman.
“En Isla pudimos ver que camiones, de manera inusual, curiosamente sin carga, ofrecieron a los migrantes llevarlos a Córdoba o Puebla, cobrándoles 150 pesos. Nosotros hicimos un llamado a quienes estaban alrededor de los camiones, que era una muchedumbre impresionante. Les dijimos que tenían la libertad de migrar, pero como defensores de derechos humanos les informamos que corría mucho riesgo su integridad personal”.
Se logró que varios no subieran a los camiones pero, “por desgracia, decenas más sí lo hicieron. Detectamos un camión en particular, inclusive con candados. Pedimos que se quitaran para ver quiénes estaban adentro. Eran muchos niños. Jalamos a la policía para pedir la intervención, pero no hicieron nada”.
No se puede corroborar su destino
Pese a todo, “aunque no somos policías”, el ombudsman de Oaxaca y su equipo “patrullaron” la ruta por la que avanzaron los camiones. “Al día siguiente (domingo), detectamos que muchas familias no lograban hacer contacto con los suyos, que iban más adelante y habían abordado aquellos camiones. Empezó la preocupación y dimos seguimiento.
“Tenemos contacto con testimonios que dicen que en la carretera México-Puebla habían bajado de dos camiones a los migrantes y luego entregado a otras personas. Que algunos lograron a escapar”.
Después, continuó, “cuando empezamos a cotejar el número de preguntas que nos hacían sobre familiares desaparecidos y la cantidad de personas que pueden caber en lo que llamamos camiones torton, nos dimos cuenta de que había un foco de peligro muy importante de que estuvieran siendo desaparecidas de manera forzada. Fue cuando alertamos.
“Hoy no podemos corroborar si están o no desaparecidos. Aquí en la Ciudad de México hay un esfuerzo por aglutinar a todos los migrantes, pero no veo mucha coordinación y eso dificulta acercarnos a las víctimas, quienes vienen con miedo por la violencia que sufren en su lugar de origen. No quieren dar nombres, hay reticencia”.
–Según las notas, se habla de Los Zetas.
–Eso refieren las personas que testimoniaron.
Evitar riesgos y dar opciones
El ombudsman oaxaqueño y su equipo recibieron a la caravana de migrantes en Arriaga, Chiapas, y acompañaron hasta el albergue de Ciudad Deportiva en la capital del país, en las primeras horas del lunes, a las últimas personas desplazadas que recogieron en la carretera.
–Quisimos mover a la mayor gente posible, tratando de evitar riesgos –dijo Peimbert.
–¿Exactamente dónde y a qué hora habría ocurrido la entrega de migrantes a un grupo del crimen organizado?
–En un tramo de la carretera México-Puebla, muy cercano a una estación de la Policía Federal y de una gasolinera. Ya estaba oscuro.
–¿Qué debe hacer la autoridad?
–Investigar, cotejar. Tenemos un registro de que recibimos en Arriaga 7 mil 200 personas. A ese número, hay que restarle la cifra de personas que se regresaron (a Honduras) y las que están en la Ciudad de México. Para los que dicen que puede ser irresponsable denunciar esto, cuando lo que está en riesgo es la vida de menores, mujeres, personas, es obligación avisar que hay riesgo de una posible desaparición forzada. No hacerlo, sería omisión –insistió.
–¿Ya han realizado entrevistas a migrantes en los albergues de la Ciudad de México?
–Estamos en eso, pero hay desorganización, no se aprecia un modelo de intervención, el cual es necesario crear con el más alto estándar de derechos humanos y migrantes, para que quienes quieran regresar, se les dé la información y acompañamiento. Si otros quieren trabajar en México, se debe indicar qué ofertas existen realmente. Todo lo que conlleve a darles alternativas para que de manera voluntaria frenen su migración, se establezcan y se eviten riesgos.
Emergencia humanitaria sin discriminación
Para Ana Saiz, directora general de Sin Fronteras, organización que protege los derechos humanos de los migrantes, la información sobre los hondureños desaparecidos ha sido confusa.
“No existe un dato concreto de que haya ocurrido. Lo que sí podemos decir es que se han dado casos similares, principalmente en el estado de Veracruz. No lo tenemos confirmado, pero es una información que nos alarma”, comentó a El Sur.
Es alarmante, explicó, porque se conocen los riesgos de las personas que migran, sobre todo en grupos pequeños: “Nos preocupa la actitud de acoso de las autoridades federales para evitar que la gente avance y se mantenga junta. La condenamos porque la autoridad federal debería de proteger y ayudar a toda esta gente, pues están en riesgo y varios tienen necesidades realmente de atención humanitaria. Al acosarlos, caen en un riesgo mayor, más en la zona en la que se encuentran”.
–¿Qué debe hacer el Estado mexicano?
–Exigimos una intervención seria para la protección de estas personas. Y si han sido víctimas de delito, se debe perseguir como se haría en caso de cualquier mexicano en situación similar. El Estado tiene la obligación de velar por cualquier crimen cometido en contra de una persona migrante. Hacemos un llamando enérgico, en el caso de que haya denuncias al respecto, de que se investigue diligentemente.
Cualquier persona migrante en México tiene derecho a una estancia regular y acceso a la justicia y a que no se le revictimice –recordó Saiz–. Es importante un llamado a la Comisión Nacional de Víctimas. Ahí han tenido una deuda, porque no se reconoce como víctimas a personas migrantes. Es una situación grave en la comisión.
–Los migrantes se han reagrupado y quieren que se les ayude con transporte.
–Se requiere proteger los derechos humanos de las personas, su integridad y salud. Estamos preocupados por los niñitos, los adultos mayores. La situación de la gente sí es muy precaria. Necesitan atención psicosocial. Exigimos al gobierno federal que se les respeten sus decisiones. Si quieren avanzar hacia el norte, que así sea. Es necesaria esa ayuda humanitaria. Como tal, transporte, el gobierno no está obligado a proporcionarles, pero sí a proporcionar la protección.
–El gobierno federal ha ignorado este llamado de emergencia nacional por los migrantes.
–Sí. Nosotros le entregamos el 31 de octubre un documento donde decía eso. No hemos tenido respuesta y para nosotros es una situación análoga o similar a un huracán o terremoto. Hay mucha gente en mucha necesidad que requiere protección y para eso está el gobierno federal. Se debe garantizar.
Hay una ausencia –remarcó la directora de Sin Fronteras–. Vemos rebasada la capacidad de municipios y estados. Como cuando entran los protocolos de protección en caso de desastres naturales, quisiéramos ver la misma respuesta de las autoridades, porque si no estamos hablando de discriminación. Consideramos que esto es una emergencia humanitaria y como tal se debe de atender, con un enfoque de protección a los derechos humanos.
De acuerdo con los informes, hasta el momento han llegado al menos 4 mil 500 migrantes al albergue que el gobierno de la Ciudad de México instaló en el estadio Jesús Martínez Palillo, en la Ciudad Deportiva.
Texto: Guillermo Rivera
Foto: Twitter @RegeneracionMx
