“Ya no se va a llamar a declarar a alguna mujer a quien se le haya abierto una investigación”, dice a El Sur Fabiola Alanís. “Ahora sería ilegal, hasta ahí quedó”. De acuerdo con la funcionaria federal, de enero de 2015 a agosto de 2021 se acumularon 32 carpetas de investigación por aborto en Guerrero, pero es de los estados que menos tienen
Ciudad de México, 2 de octubre de 2021. Septiembre fue un mes histórico: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto de manera absoluta y se pronunció “a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.
La resolución no sólo fija el más alto estándar para México, también puede tener un impacto relevante en las legislaciones de otros países de América Latina. Se trata de la primera vez que en la región una Corte resuelve por unanimidad que el delito de aborto no es delito.
“Es algo que todavía no hemos dimensionado a cabalidad porque apenas nos está cayendo el veinte en México de todo lo que significa esta gran decisión y la exigencia no puede bajar de ahí”, dice a El Sur Verónica Cruz, fundadora de la organización feminista Las Libres.
“No es solamente legislar hasta las 12 semanas (de gestación), regularizar los servicios, sino al revés: como se elimina el delito de aborto se acaba con el delito de tajo, y lo otro se tiene que aceitar de manera más cotidiana”, comenta Cruz.
Además, señala que la Corte dio un paso fundamental porque “llenó de contenido el derecho de las mujeres, revistió el aborto del derecho humano insertado en los derechos sexuales y reproductivos”.
Por el momento, sólo en cuatro estados está despenalizado el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación: Ciudad de México (desde 2007), Oaxaca (2019), Hidalgo y Veracruz (2021). En el caso de embarazo producto de una violación el aborto se autoriza en todo el país, pero existen una serie de causales de exclusión de responsabilidad penal que varían de acuerdo con el código penal de cada entidad.
En Guerrero, hay cinco causales para un aborto legal: por violación, cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer, malformaciones congénitas graves, inseminación artificial no consentida y aborto imprudencial.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) afirma en su informe Maternidad o castigo, que la criminalización del aborto refleja la idea de que “la maternidad es la función obligatoria de las mujeres; idea que continúa permeando no sólo la cultura, sino todas las instituciones del Estado y que representa una violación a los derechos humanos”.
Se trata de una postura que, en el contexto mexicano, afecta en particular a aquellas mujeres que proceden de contextos violentos, de precariedad económica y falta de acceso a información sobre sus derechos reproductivos, “condenadas a perder años de su vida en prisión y sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad”.
Rebeca Lorea, coordinadora de incidencia en políticas públicas de GIRE, coincide en que la resolución de la SCJN ha determinado un cambio en términos de argumentos al abordar el tema desde los derechos humanos. “Nosotras esperamos que muchos Congresos locales, sobre todo en donde hubo elecciones y empiezan a tomar protesta, no hagan oídos sordos a lo que resolvió la Corte”, apunta en entrevista con El Sur.
El fallo –que invalida algunos artículos del Código Penal de Coahuila en materia de criminalización de mujeres que abortan– no genera una obligación legislativa automática para el resto del país, “pero si las y los legisladores toman en serio su trabajo de hacer lo necesario para que sus leyes locales sean constitucionales, tendrían que ponerse las pilas y despenalizar el aborto”, dice Lorea.
No las encarcelan por aborto sino por delitos graves
Derivado de la resolución emitida por la Corte, el pasado 24 de septiembre la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el gobierno federal liberará a mujeres procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo o participar en el proceso.
Así, Segob trabajará de manera conjunta con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia para llevar 480 casos –registrados entre enero y agosto pasado– dentro del Sistema de Justicia Penal. Para este periodo, Guerrero registra tres carpetas de investigación.
“Desde Conavim ya estamos actuando, hemos estado hablando tanto con el Poder Judicial como con las fiscalías, nos han estado informando que literalmente ya están dando carpetazo a estos asuntos, ya no se va a llamar a declarar a alguna mujer a quien se le haya abierto una investigación por el presunto delito de aborto. Ahora sería ilegal, hasta ahí quedó”, asegura a El Sur Fabiola Alanís, titular de esta dependencia federal.
Considerando los últimos seis años –entre enero de 2015 y agosto de 2021–, en Guerrero se han acumulado 32 carpetas de investigación por este presunto delito, siendo de los estados que menos casos tienen, reporta Alanís.
Según Las Libres, en México las mujeres no reciben tanto condenas por aborto como por delitos que las autoridades suelen equiparar al delito de aborto: homicidio en razón de parentesco, infanticidio, parricidio y omisión de cuidados.
Con base en lo que lograron documentar en el Informe de resultados del diagnóstico nacional de criminalización de las mujeres por aborto y sus delitos relacionados, estiman que unas 200 mujeres están en prisión por delitos de este tipo. Sin embargo, como la investigación cubre de 2000 a agosto de 2017, los casos podrían ser más.
El reporte de Las Libres consigna que la mayoría de las entidades contestaron exclusivamente respecto a aborto y en lo que hace al número de denuncias, averiguaciones previas y carpetas de investigación, con excepción de Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Sonora, que fueron omisos en contestar, sus respuestas señalaban que no había ninguna denuncia, proceso o sentencia por aborto, o respondieron que no procesaban esos datos.
Esto significa que, si bien solicitada, la información respecto a delitos relacionados con el aborto no ha llegado de manera completa y por lo tanto es complicado dimensionar con exactitud el problema.
“Son los casos más graves: mujeres que tienen abortos espontáneos, partos prematuros, emergencias obstétricas, y que ni siquiera decidieron abortar, sino que en consecuencia de sus condiciones de pobreza, de marginalidad, de ser mujeres rurales, indígenas, de no tener acceso a educación o a salud son criminalizadas por estos delitos más graves y con sentencias que van de ocho hasta 30 años”, explica Verónica Cruz.
Adriana Manzanares, mujer tlapaneca de El Camalote, en el municipio de Ayutla de Los Libres, quien tuvo un aborto espontáneo días después de una golpiza que le dio su esposo, en 2006 fue procesada y condenada por el delito de homicidio calificado a 32 años de pena de prisión. La averiguación previa se basó en declaraciones falsas y pruebas no científicas, además la joven no contó con un intérprete al momento de presentar su declaración.
Adriana –que recibió asistencia legal de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Las Libres– quedó libre en 2014, pero no pudo volver a su comunidad debido a la criminalización que vivió.
Ofrecer servicios de salud en idiomas originarios
El proceso de criminalización de las mujeres por aborto no coincide únicamente con el encarcelamiento, advierte Lorea, se puede manifestar en varios ámbitos: en el estigma social alimentado dentro de las mismas familias, la violencia ejercida en ámbito médico, la discriminación en el acceso a los servicios de salud y a la información sobre derechos reproductivos, por ejemplo.
“Esto sucede sobre todo en contextos como Guerrero, que es de los estados que históricamente están en los más altos niveles de desigualdad y pobreza de Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), también de violencia y, en algunos contextos, de militarización”, añade.
En materia de violencia contra las mujeres, desde Conavim miran con preocupación el escenario guerrerense. Fabiola Alanís menciona que, en comparación con 2020, ha habido un aumento de las violencias contra mujeres y niñas. Entre enero y agosto de 2021 se abrieron 220 casos por abuso sexual, 13 por ciento más respecto al año pasado. En el mismo periodo esta dependencia ha registrado 70 casos de acoso sexual y 106 de violación, delitos que crecieron 66 por ciento y 18 por ciento este año.
Ello, expone la comisionada, tiene relación con los cambios determinados por la pandemia de Covid-19, aparte de las “condiciones socio-económicas, de hacinamiento, de falta de acceso a los servicios. Sobre todo en las comunidades indígenas las mujeres son mucho más vulnerables”.
Asegurar el derecho a los servicios en estados como Guerrero significa también que los centros de salud cuenten con la presencia de intérpretes para ofrecer consejería en lenguas originarias, especialmente en materia de anticoncepción y atención obstétrica.
“Nosotros hemos dicho y promovemos que se haga, no solamente la perspectiva de género en la impartición de justicia, también es la interculturalidad en los derechos humanos y eso pasa por garantizar que las mujeres que no hablan español o tengan dificultad para comunicarse tengan acceso a la justicia con estas herramientas, pero sobre todo con personas que les brinden atención y apoyo en su propia lengua”, afirma Alanís.
El informe de GIRE La pieza faltante. Justicia reproductiva registra que por lo menos hasta 2018 –año de la publicación–, Guerrero no contaba con personal capacitado para atender a personas en lenguas distintas al español.
A partir de la resolución de la Corte, Verónica Cruz considera urgente fortalecer la garantía de los servicios tanto a nivel federal como estatal. Por otro lado, queda pendiente el tema de la información, ya que en México la mayoría de las mujeres podría no estar al tanto del histórico fallo de la Corte y desde las autoridades no parece haber la intención de promover una campaña informativa amplia.
Aun así, el panorama es esperanzador. Las movilizaciones de miles de mujeres que en los últimos años han salido a exigir su derecho a decidir, hablan de “un cambio trascendental en la cultura mexicana”, celebra Cruz.
“Lo que hemos visto desde el feminismo, y también es el resultado de la decisión de la Corte, es que la población ha cambiado durante los últimos 30 años, de manera particular en la última década. Sin embargo, lamenta, los políticos rancios son los más difíciles y son los que siguen teniendo el poder político en México”.
Texto: Caterina Morbiato
