Humberto Musacchio
Hubo un tiempo en que Acción Nacional se autodenominó “el partido de la gente decente”. Y por convicción o por temor de Dios, el caso es que efectivamente lo era, aunque como en todo grupo humano, nunca faltó uno que otro pillo.
Lo cierto es que durante casi medio siglo el PAN tuvo un carácter meramente testimonial, con ínfimas fracciones parlamentarias, el gobierno de algunos pequeños municipios y ninguna posibilidad de acceder, ya no digamos a la Presidencia de la República, sino a las gubernaturas.
Eran tiempos en que los priistas, siempre bajo las órdenes y la protección del presidente en turno, se encargaban de hacer o inventar las cuentas definitivas de cada votación e integraban el colegio electoral en la Cámara de Diputados, el que se encargaba de calificar la elección presidencial y las de los aspirantes de ambas cámaras.
Eso empezó a cambiar en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando en Chihuahua el PRI, a un altísimo costo económico y político, impuso como gobernador a Fernando Baeza Meléndez, en lo que el también priista Manuel Bernardo Aguirre llamó “fraude patriótico”. A cambio, el gobierno reconoció el triunfo del panista Ernesto Ruffo Appel en Baja California, lo que inició un ciclo en el que los priistas fueron perdiendo posiciones hasta que en el año 2000 arribó a la Presidencia de la República –¡por fin!–, un abanderado del PAN: Vicente Fox Quesada.
Tan legítimos avances del panismo y del conjunto de la real oposición (también existió durante mucho tiempo una falsa oposición al servicio del PRI, como ahora el PT y el Verde lo son de Morena) fueron muy celebrados, pero significaron el principio del fin para Acción Nacional, que ante los ojos de la nación entera mostró que la corrupción del PRI era contagiosa y que el régimen presidencialista, con sus tintes totalitarios, confirmaba la máxima de Lord Acton, un inglés católico como los panistas, quien dijo que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como ahora lo sabe también Morena.
Por eso los desmanes de la llamada mafia inmobiliaria de Acción Nacional han contado con el silencio cómplice de los dirigentes panistas. En la alcaldía Benito Juárez, en la Miguel Hidalgo y otros lugares –por fortuna no todos– donde los panistas gobiernan, se producen frecuentes y cada vez mayores escándalos.
La construcción, como se sabe, es la actividad más propicia para el lavado de dinero. De ahí la fiebre por levantar edificios en todas partes sin detenerse ante leyes o reglamentos. Los gobernantes azules autorizan obras sin los necesarios estudios, sin contar con uso de suelo ni licencias de construcción; con imperdonable ligereza permiten más pisos y un número mayor de departamentos que los inicialmente autorizados.
Si algún comprador se queja por la deficiente calidad de los materiales o acabados, por la falta de agua o cualquier otro problema, entonces sufren amagos de violencia y hasta demandas “legales” armadas por las propias autoridades, como ocurrió en Benito Juárez, donde el abogado de 40 propietarios de las City Towers, Rodrigo Antonio Muñoz, anda a salto de mata, pues ha sido amenazado de muerte y a la vez demandado por las autoridades que deberían protegerlo.
Mientras eso ocurre con quienes denuncian la red de complicidades y el enriquecimiento de malos funcionarios, como Christian von Roehrich, otros, como el ex diputado panista Víctor Manuel Mendoza Acevedo, pariente del fiscal en Benito Juárez, esposo a su vez de la abogada de las City Towers, sospechosamente adquieren departamentos a cambio prácticamente de corcholatas.
Las transas ocurren en las ventanillas y en la embarrada de mano de inspectores, pero sobre todo en las alturas, donde la corrupción tiene mil maneras de disfrazarse. Hasta ahora hay varios detenidos, pero lo urgente, indispensable incluso, es modificar las normas legales, tapar los resquicios por donde se dejan al arbitrio de uno u otro funcionario los permisos, los cambios y otras autorizaciones.
Por lo pronto, con el gobierno pisando la larga cola del dirigente del PRI y el PRD prácticamente extinto, el PAN puede irse despidiendo de todo proyecto triunfador. Es el precio de abandonar los principios y tolerar la corrupción.
