Los casos están focalizados en comunidades indígenas Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Xalpatláhuac y en parte de Acatepec, informa la asesora jurídica Neil Arias Vitinio. Con la campaña del gobierno del estado, “se volvieron más clandestinos”, y se están llevando a las menores a Estados Unidos mediante acuerdos en redes sociales, advierte
Tlapa, Guerrero, 28 de abril de 2023. Los matrimonios forzados de niñas en la región Montaña continúan de manera clandestina, y las acciones del gobierno estatal no son efectivas porque las autoridades municipales siguen ausentes.
La asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, habló en el programa de radio La palabra que ayuda, que se transmite por la radio difusora indigenista la XEZV, La Voz de la Montaña el miércoles, donde dijo que sigue esa práctica.
Dijo que la venta de niñas o matrimonios forzados son una práctica de décadas en la región que se visibilizó con los casos de Anayeli y Angélica, jóvenes que alzaron la voz ante lo que atentaba contra su dignidad y sus derechos. Abundó que los matrimonios forzados est n más focalizados en las comunidades indígenas de los municipios Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Xalpatláhuac y en parte de Acatepec.
Tlachinollan atiende 10 casos, uno reciente que llegó el 25 de abril, de una niña de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, a quien le dijo un tío que su papá que está en Querétaro a su regreso la va a vender, razón por la que la menor escapó a Tlapa a pedir ayuda a otro tío, porque no quiere ser vendida.
Mencionó que no hay políticas públicas para atender las denuncias, pese a que en noviembre de 2021 la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que se iban a erradicar, y que Guerrero sería un santuario para las niñas, adolescentes y mujeres.
De las acciones del gobierno estatal dijo que se siguen centrando en la capacitación de autoridades, dicen que las niñas no se venden y que se castiga con cárcel porque es delito.
“Eso ha sido contraproducente en algunos casos, porque las autoridades comunitarias de los pueblos no lo ven de buena manera, y si quieren las aceptan. Luego mandan a las mujeres en lugar de que vaya el marido que es quien comete la violencia y hacen los acuerdos de los matrimonios, contra la voluntad sus hijas, y es ahí donde las mujeres pueden saber, pero no tienen derecho a opinar”, informó.
Afirmó que eso se centra en el sistema patriarcal que se impone.
El conductor de la radio, Isael Rosales Sierra preguntó si consideraba que habían disminuido por esas capacitaciones o información, y a Arias Vitinio respondió que la práctica continúa, “se volvieron más clandestinos, y se siguen dando, tan sólo en diciembre cuando se acudió a Joya Real, les mencionaron tres matrimonios de menores. Una de ellas fue una niña de primaria que se la llevó un señor que vino de Estados Unidos, únicamente para llevársela, se fue llorando, nos contaron”.
Consideró que eso no se puede evitar “cuando a la autoridad acude si se sabe de algo, y al llegar ya no hay nada, se encubre por la comunidad”, lamentó.
A eso se suma la estigmatización y violencia comunitaria en contra de quienes están contra esas prácticas o se rebelaron, no quedándose en ese matrimonio arreglado, ya que sus mamá no les dio un buen consejo.
Otra situación que están viendo como organización es que se están llevando a las niñas a Estados Unidos, alejándolas de sus familias, poniéndolas más vulnerables porque si allá son violentadas no tendrían quién las apoye. Actualmente se conocen en redes sociales donde el hombre avisa a sus familiares que busquen el acuerdo.
Lo anterior dificulta la atención a las menores, ya de por sí son minimizadas aquí por las autoridades comunitarias y municipales cuando acuden a pedir ayuda.
Otro aspecto es la afectación a la salud mental de las menores que sufren depresión y algunas piensan en el suicidio, y si llegaran a acudir por atención en los hospitales no se cuenta con medicamentos específicos como antidepresivos.
De los casos expuestos como el de Angélica, dijo que está bajo la tutela de su tía y no recibe atención de las instituciones de gobierno porque no cuentan con protocolos de atención, aunque tengan responsabilidades de acuerdo con la ley general de violencia contra las mujeres.
Marcela lleva un año en la casa hogar en Chilpancingo porque su mamá, la tía, el hermano respaldaron su venta por lo que no podía quedarse con ninguno de ellos y eso la lleva a enfrentar el desarraigo de su casa, comunidad, la alimentación, dejar de hablar su lengua porque no hay otras na’ savi en el refugio, dejar de estudiar “la última vez que la vimos dijo que ya se quería venir, porque se le estaba olvidando su lengua, su identidad”.
Concluyó que las instituciones están rebasadas para dar atención a las niñas víctimas, que el Protocolo Violeta no funciona en la Montaña donde las niñas y las mujeres siguen desapareciendo.
Texto: Carmen González Benicio
